Las ‘paguitas’

Un familiar me contaba hace unos días, cariacontecido, lo escuchado durante una reunión con amigos: «cualquier inmigrante irregular, solo por llegar a España, recibe una ayuda del gobierno de 350 euros mensuales y otros 500 euros más para que se pueda pagar un alquiler». Incluso le mostraron un vídeo en el que un supuesto «experto» lo explicaba con pelos y señales, y pese a que el sentido común le hacía cuestionar la noticia, carecía de argumentos reales para darles réplica.

Era, por supuesto, un bulo. Para recibir cualquier ayuda del Estado español se exige, con carácter general, residencia legal y efectiva (además de otros requisitos), de manera que quien está en situación irregular no tiene forma de acceder a estas ayudas. Por si necesitan debatirlo con sus cuñados durante la cena de Nochebuena, quédense también con los datos que lo desmienten: si tenemos en cuenta que hay aproximadamente 700.000 extranjeros sin papeles (aproximadamente el 1,4% de toda la población), el coste anual de esas «paguitas» sería superior a 7.000 millones de euros, una cifra incompatible con la realidad presupuestaria.

Cabe preguntarse, sin embargo, el motivo por el que hay tanta gente dispuesta a creerse este tipo de barbaridades, y uno de ellos es, sin duda, la desconfianza hacia la política, las instituciones y la gestión de lo público. Pero no solo eso, también influye el desconocimiento que la mayor parte de los ciudadanos tiene acerca de cómo se gasta el dinero de todos.

Porque, si uno tiene un poquito de curiosidad y empieza a analizar los números con atención, podemos llegar a conclusiones bien diferentes. Fijémonos en los informes oficiales, los que ofrece, por ejemplo, una institución nada sospechosa como la OCDE, en los que podemos ver que de manera habitual se cuestiona el modo en que se materializan las transferencias sociales en España. Y es que, al menos hasta la pandemia, el 20% de los hogares con más ingresos recibía casi el 30% de todo el gasto social, mientras que el 20% más pobre apenas percibía el 12% de ese gasto. Un análisis más reciente de Eurofound, con datos de Eurostat hasta 2021, sitúa a España entre el reducido grupo de países de la UE donde las transferencias monetarias benefician más a los hogares ricos que a los pobres. Incluso si se excluyen las pensiones de jubilación del cálculo, las familias más vulnerables siguen recibiendo menos ayudas públicas que los hogares de renta media o alta.

Es decir, resulta muy posible que una mayoría de los que más se quejan de los impuestos que se pagan en España (menos que la media europea, por cierto), estén recibiendo mucho más del Estado que las familias con más necesidad. Y eso es porque cuando algunos hablan de las «paguitas», piensan exclusivamente en un puñado de ayudas muy visibles, como el Ingreso Mínimo Vital, que llegan a hogares pobres y, en muchos casos, a las personas migrantes regularizadas. Sin embargo, una parte enorme del dinero público, la mayor parte, de hecho, fluye de manera silenciosa hacia las clases sociales con más recursos.

Ejemplos hay muchos: la financiación con fondos públicos de la educación y sanidad privadas beneficia, de manera descarada, a las familias con más ingresos, que son las que recurren mayoritariamente a esos servicios. Lo mismo ocurre con las ayudas y deducciones para comprar coches eléctricos, que pueden superar los 7.000 euros por vehículo, y que solo aprovecha quien puede permitirse un coche nuevo. O las que se reciben en el campo, a través del Plan Renove de maquinaria agrícola, por importes de entre 12.000 y 27.000 euros. A todo esto se suma el gasto masivo en beneficios fiscales: deducciones por planes de pensiones privados, ayudas a la vivienda o tipos reducidos de IVA, que la propia AIReF cuantifica en casi un 5 % del PIB, y que benefician, sobre todo, a rentas medias y altas.

Todas estas transferencias no se conciben como «paguitas», sino como simples deducciones o como ayudas que deben prestarse a los ciudadanos. Sin embargo, existe un gran prejuicio acerca de las que reciben quienes menos tienen, pese a que globalmente supongan una carga inferior para el Estado. Quizás tenga que ver con el hecho de que se trate de transferencias directas que se abonan de manera recurrente, o quizás con el simple hecho de que, pese a que nos pese, en este país seguimos mirando con cierto desdén a quien peor le va. n

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