La Constitución, casa para la convivencia

Constitución Española, artículo 113.1: "El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura".

Quien se acerque a estas líneas quizá se sorprenda al encontrar como punto de partida una referencia directa a la Constitución. Sin embargo, resulta pertinente recordar que los responsables políticos deberían cumplir dos obligaciones fundamentales respecto de nuestra Magna Ley: en primer lugar, ajustar sus planteamientos al respeto absoluto de lo que establece; y en segundo lugar –no menos importante–, utilizarla en el debate público con un sentido riguroso y pedagógico hacia la ciudadanía.

Esta manifestación, que sin duda es una obviedad, no lo es en vano: la Constitución es la única ley aprobada directamente por los ciudadanos, y el resto del ordenamiento jurídico debe subordinarse a ella. Por tanto, deberá existir una coordinación entre ambas. Es decir, no se pueden legislar leyes que respondan a la situación actual y mantener una Constitución anclada en el pasado; será necesaria su actualización para que todo lo normativo encaje. Más adelante haré alguna referencia a ello.

Lo expuesto en los párrafos anteriores viene motivado por las declaraciones realizadas por el señor Feijóo el pasado 1 de septiembre. En ellas anunció que el Partido Popular trabajaba en una propuesta "para forzar por ley la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en el caso de que un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias". Esto, en principio, limita la prerrogativa del presidente para disolver las Cortes, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución. Es decir, el líder de la oposición no necesita perder el tiempo en estudiar esta reforma constitucional, además de saber de antemano la imposibilidad de hacerla, pues necesitaría el apoyo de los 3/5 de las Cámaras y, además, dicha reforma afectaría a un número importante de artículos. Lo mismo se puede lograr presentando una moción de censura: obrará el mismo efecto y, además, ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de conocer su programa de Gobierno y saber cuál es el modelo de sociedad que se nos propone, porque hasta ahora no lo conocemos, pues sus acciones políticas se han circunscrito a votar en contra de la mayoría de las leyes presentadas para su aprobación –muchas de ellas destinadas a la mejora de vida de los ciudadanos– y a reclamar nuevas elecciones.

Como anticipaba, resulta imprescindible actualizar la Constitución para adaptarla a nuestro tiempo, porque en buena medida ha quedado desfasada. Por ejemplo: el Título Preliminar afirma que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria; junto con el Título II, De la Corona, se debería confrontar si este es el modelo que desean los ciudadanos, en lugar de una república. El Título III, De las Cortes Generales, debería redefinir la Cámara Alta, otorgándole únicamente una función de carácter territorial. El Título VI, Del Poder Judicial, señala que de la soberanía nacional emanan todos los poderes del Estado; el judicial debe entender que la única independencia válida es la de los jueces en sus decisiones, basadas en las leyes que aprueba el Legislativo. En cuanto al Título VIII, De la Organización Territorial del Estado, y muy especialmente su Capítulo Tercero, De las Comunidades Autónomas, deberíamos caminar hacia un Estado federal.

Considero que, con motivo del aniversario de la Constitución, no se requiere mayor extensión: basta con reconocer que ha sido el marco que nos ha permitido transitar estas décadas en democracia y libertad.

Para concluir, deseo realizar una breve reflexión sobre el reciente fallo del Tribunal Supremo relativo al entonces Fiscal General del Estado, condenado por un delito de revelación de secretos. Sin entrar en valoraciones de la sentencia –que aún no está dictada–, y dado que todos afirman acatarla, no cabe otra postura, aunque el formalismo resulte obligado. Creo, sin embargo, que esta sentencia puede abrir un camino nuevo en materia de filtraciones. Cuando un juez instruya una causa declarada secreta o la policía judicial investigue un caso y se produzca una filtración, como viene ocurriendo con frecuencia, siguiendo la doctrina del Supremo podría abrirse causa contra el juez o contra la policía que la haya ocasionado. Nos vamos a quedar sin jueces ni policías. Y, por cierto, también sin periodistas, puesto que, según esta misma interpretación, serían considerados poco veraces. ¡Qué espectáculo! Ojalá esto pueda corregirse y recuperemos la normalidad, en la que cada poder se mantenga en su ámbito sin invadir el espacio de otro.

Y, a modo de anécdota, no deja de resultar llamativo que, mientras debatimos sobre los límites de cada poder del Estado, aparezcan expresiones como la reciente afirmación de la señora Ayuso en Villaviciosa de Odón: "Todo el que ose ser un contrapoder será perseguido y acuchillado". Una frase tan desmedida como impropia en una democracia que exige templanza y respeto institucional.

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