Las élites y la democracia

Salvo escasas excepciones, no hay régimen político en el mundo que no trate de legitimarse democráticamente mediante el consentimiento del pueblo a través del voto. En este sentido podríamos decir que, en teoría, la democracia es incuestionable. Ahora bien, «la democracia genera por sí misma fuerzas que la amenazan, y la novedad de nuestro tiempo es que esas fuerzas son superiores a las que ya les venían atacando desde fuera. Neutralizarlas resulta mucho más difícil, pues ellas reivindican el espíritu democrático y por lo tanto parecen legítimas», escribe Tzvetan Todorov en Los enemigos de la democracia.

Los hay, como un amigo de reconocida tradición democrática que hace unos días me hacia la siguiente reflexión en la barra del bar: ¿cómo puede ser que para ser administrativo de una pequeña empresa se precise de un título y para ser alcalde, diputado o concejal no precises titulación alguna? Cuando le contestas que la igualdad del voto hace que todos valgamos políticamente lo mismo en las urnas y en el derecho a presentarnos en una candidatura, le cruje el cerebro. No porque sea partidario de una democracia censitaria o algo parecido, sino, porque para muchos y este en concreto, los votos por sí solos no legitiman ninguna jerarquía, ningún poder en política. Para ellos, sólo deberían ejercerla los más listos, los más preparados, los que tienen una mejor formación y abundantes títulos, porque serán los mejores gestores, no los que hemos elegido para ello. Que la democracia posibilite que los no expertos gobiernen a los que lo son, no lo digieren muchos de ellos.

En la mayoría de los casos, los mismos que son tan exquisitos con la cualificación del representante de turno son condescendientes y sumisos con el poder del dinero, del conocimiento o de las influencias, a los cuales no les miran los títulos que tienen. Este principio de igualdad en democracia se pone en cuestión todos los días cuando las grandes corporaciones, los grupos empresariales y financieros y hasta cuerpos de élite de la Administración del Estado, utilizan su enorme poder para influir, doblegar y hasta chantajear a los gobiernos en la elaboración de leyes o en las prácticas diarias de la gobernanza. Siguiendo estas líneas de reflexión, hay altos cargos de la Administración del Estado, expertos y cualificados que, aupados en sus brillantes carreras, sus abundantes trienios en el puesto y su enorme libertad para interpretar asuntos de envergadura jurídica o económica, vienen desde hace tiempo patrimonializando el Estado. Catapultados por su papel en momentos críticos como el soberanismo catalán de 2017, la crisis del covid o las actividades devenidas de actuaciones terroristas, se erigen en garantes del Estado y hasta cruzan el Rubicón de la santa neutralidad para salir a las calles y romperla en contra de decisiones del poder ejecutivo, con el fin de desgastarlo y acotar el libre funcionamiento de algunas instituciones indispensables para la separación de poderes y la garantía del pluralismo político.

Lo más visible y ruidoso en estas actuaciones viene de un sector minoritario de la justicia, que se viene colocando como contrapoder a este gobierno. Lo que para algunos es el partido judicial, puede estar erosionando la democracia. Sirvan como muestra las palabras del presidente de la sala del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado García Ortiz, pronunciadas durante un curso en el Colegio de Abogados de Madrid el pasado 18 de noviembre, cuando se estaba en plena deliberación de la condena: «Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general». Entre aplausos y vítores de los asistentes, denota que no buscó en ningún momento, la mínima apariencia de neutralidad e independencia en su función como juez, es más, alardeó de lo contrario.

Aunque este tipo de intervenciones se desacreditan por sí solas, son muy peligrosas para el sistema. Si por algo se valora la justicia, es por su independencia de criterio y su neutralidad, si esto desaparece, ¿qué queda?

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