Financiación autonómica

Recientemente, el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, se mostraba partidario de «una financiación singular» para la Comunidad Autónoma de Aragón. En su planteamiento no fue más allá, dejando, imagino, para una próxima ronda de negociación (si se convoca) las propuestas concretas de su partido a la hora de mejorar expectativas económicas y futuras inversiones de la institución autonómica.

El PP, sin embargo, no parece estar por la labor de sentarse a esa mesa de debate, considerando, en líneas generales, que dicha actitud del PSOE, en apariencia positiva, de mano tendida, encubre, en realidad, «una trampa» destinada a justificar las inminentes ayudas económicas que el Gobierno central viene planteando al catalán como concesiones a su «singularidad»: condonación de su deuda, cesión de nuevas competencias, creación de una Hacienda catalana, gestión de las comunicaciones por ferrocarril, emigración y un largo etcétera de nuevas palancas de gestión de las que el resto de comunidades no solo carecen, sino que ni siquiera se les han planteado desde Madrid para su estudio y consideración.

Así las cosas, y a pesar, también, de las constantes llamadas de la ministra Montero al diálogo entre comunidades, a fin de abordar conjuntamente la pendiente reforma de la financiación autonómica, ese importante aspecto del Estado de las Autonomías sigue fallando por varios de sus flancos.

Todo sería mucho más práctico, útil, rápido y sencillo si, como la mayoría de los españoles desearían, los dos grandes partidos que dicen gobernarnos, pero que entre ellos son incapaces de acordar nada, llegasen a acuerdos puntuales en temas de gran calado para los ciudadanos, como son los presupuestos. Teniendo en cuenta, sobre todo, que en estos momentos los españoles, en su conjunto, y los aragoneses, en particular, carecen de normas presupuestarias que regulen tanto sus marcos megaeconómicos como aquellas partidas que sectorial o individualmente les afecten, viéndose obligados tanto el gobierno central como el autonómico a prorrogar presupuestos antiguos, obsoletos y, en muchos aspectos, inservibles. Aplicación no menor de ese deseable, pero, al parecer, imposible (por la incapacidad de las partes) acuerdo, sería la de acabar con los privilegios de unos y las discriminaciones de otros.

De momento, a seguir esperando...

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