22 minutos de espera

Durante décadas, la presencia de la Guardia Civil en los pueblos de Aragón ha sido mucho más que un servicio de seguridad, ha sido la representación visible del Estado y el ancla que mantenía a las comunidades rurales conectadas con el resto de la nación, una realidad que está desapareciendo ante nuestros ojos sin que nadie parezca capaz de detenerlo.

En 2025, la provincia de Teruel ha cerrado los cuarteles de Ariño y Muniesa por falta de personal sin comunicado oficial, solo una llamada telefónica de un capitán diciendo que es «temporal», aunque todos sabemos lo que significan los cierres temporales en la España vaciada porque siempre acaban siendo permanentes, dejando los tres municipios que atendía Ariño distribuidos entre puestos más lejanos. La situación se repite por toda la España rural con cuarteles que reducen su horario a uno o dos días por semana y puestos donde solo quedan dos agentes cuando deberían tener entre siete y nueve.

Los números son devastadores, según el Ministerio del Interior, Teruel debería tener 781 guardias civiles pero solo hay 620. Eso se traduce en un déficit de 161 agentes que contrasta brutalmente con los 765 que la provincia tuvo en 2011, mientras que ahora se estima que trabajan alrededor de 480 y en el último concurso de traslados Teruel perdió 60 efectivos más, dejando la plantilla de Alcañiz cubierta al 60%.

En la convocatoria de 2024 se ofertaron 69 plazas para Teruel y muchas quedaron desiertas porque los agentes no quieren venir a pueblos pequeños con escasos servicios, nulo equipamiento, parques de vehículos obsoletos y sin posibilidades de promoción, condenando al medio rural a un abandono cada vez más irreversible.

Mientras los cuarteles se cierran, la delincuencia organizada no descansa, como demostró la Operación Gurbaroc que desmanteló en 2024 una red de robo de maquinaria agrícola con 22 detenidos. 48 delitos esclarecidos y medio millón de euros recuperado, una organización que robaba tractores, placas solares y cobre afectando a 132 comunidades de regantes y moviéndose por comarcas enteras sabiendo que las patrullas tardarían en llegar.

En Encinacorba, una empresa familiar de jamones ha sufrido dos robos en tres meses, y en el último los ladrones empotraron una máquina contra el secadero y se llevaron 150 jamones en media hora después de que la alarma saltara por la madrugada, y aunque la Guardia Civil tardó 22 minutos en llegar desde Daroca, para entonces ya habían huido después de haberse llevado en el robo anterior otros 450 jamones, una situación que la propietaria resume diciendo que «mantener un negocio aquí es un acto de resistencia».

En el medio rural las distancias importan porque cuando alguien está robando tu tractor cada minuto cuenta, y cada kilómetro entre el cuartel y tu pueblo es tiempo que juega a favor de los delincuentes, mientras que la presencia de la Guardia Civil representa la voluntad del Estado de estar presente en todo el territorio.

El problema no es solo de recursos sino de voluntad política, como quedó claro cuando el ministro Grande-Marlaska visitó Zaragoza en septiembre de 2024 para inaugurar el nuevo acuartelamiento de Valdespartera y se le preguntó por la situación del medio rural turolense, respondiendo de forma evasiva que el reto demográfico es «una de las prioridades máximas» del Gobierno mientras los cuarteles rurales siguen cerrando.

El alcalde de Utrillas pedirá a Marlaska que cubra las vacantes de la Guardia Civil en la Comarca de Cuencas Mineras, porque Teruel es la única provincia sin ningún cuartel abierto de noche, dejando a miles de ciudadanos sin protección efectiva durante las horas en las que más se producen los delitos.

La seguridad en los pueblos no es un lujo sino un derecho, y sin Guardia Civil los pueblos quedan a merced de bandas que roban maquinaria valorada en decenas de miles de euros y asaltan empresas familiares dejándolas al borde de la quiebra, porque donde no hay ley hay miedo, y donde hay miedo la despoblación se acelera.

La solución requiere voluntad política para aumentar la oferta de empleo público específica para destinos rurales, establecer incentivos económicos reales e invertir en infraestructuras dignas, pero sobre todo requiere asumir que la presencia del Estado en el territorio no es negociable y que cada cuartel que se cierra es un trozo de España que se abandona, porque la Guardia Civil en los pueblos no puede ser negociable, ni uno menos.

Suscríbete para seguir leyendo