Elecciones anticipadas

Casualidades de la vida. Llevo todo el otoño, tanto en Binéfar como en Ejea de los Caballeros, localidades en las que estoy enseñando en los cursos de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza algo sobre la organización política y administrativa de nuestra comunidad y su funcionamiento, que el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su nueva redacción de 2007, trajo una gran novedad, ausente en el original texto de 1982, como fue la posibilidad de disolución de las Cortes con anticipación al término natural de la legislatura.

Esta posibilidad que establece el artículo 52 del texto estatutario, se concede exclusivamente al presidente de Aragón, que lo deberá hacer previa deliberación del Gobierno, y que en el decreto en que se acuerde deberá también convocar nuevas elecciones.

Y hete aquí que lo que estoy explicando como una posibilidad nunca producida se ha convertido en una realidad, dado que el presidente Azcón, ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos de la comunidad, ha optado, en un evidente ejercicio de salud democrática, por convocar a los electores aragoneses para que, mediante el voto, decidan la composición de unas nuevas Cortes en las que se puedan darse las condiciones que permitan sacar adelante la que siempre se ha considerado la norma fundamental que todo gobierno debe presentar y, en su caso, todo parlamento aprobar: la citada ley de presupuestos..., aunque para algunos en otros lares esto haya dejado de ser algo fundamental.

El texto estatutario aragonés de 2007, cuando estableció esta posibilidad, lo hizo señalando que tras esta disolución y nuevas elecciones no se producía la continuidad de la legislatura en curso, como por ejemplo sí ocurre en la Comunidad de Madrid (recordemos que cuando Ayuso disolvió la asamblea madrileña en 2021, el nuevo parlamento lo fue únicamente por el periodo que restaba de esa misma legislatura, y no uno nuevo de cuatro años), lo que supone que estaremos ante una nueva legislatura, la XII, convirtiéndose la XI en la de menor duración de la historia de la autonomía, con sus poco más de veinte meses de existencia.

Tendremos nuevos diputados y diputadas, nuevos grupos parlamentarios, y también nuevos órganos de la cámara, entre ellos la presidencia de la misma, en la que la diputada de Vox Marta Fernández se ha mantenido a pesar de la ruptura del gobierno de investidura nacido en agosto de 2023.

Unas elecciones son siempre un mundo por descubrir, y habrá que esperar el veredicto de los votantes aragoneses, bajo el sistema electoral vigente tras la modificación estatutaria de 2022, y de la ley electoral aragonesa de 2023, que ya fue utilizado en los comicios anteriores y por el que cada provincia tiene un mínimo de catorce diputados, repartiéndose el resto, hasta los sesenta y siete que conforma el total del hemiciclo, en función de la población de cada circunscripción provincial, un sistema en que cada votante tiene un voto, pero cada voto no tiene el mismo valor, en función de la provincia en que se vote.

En febrero se decidirá si afrontamos un periodo de estabilidad institucional, bajo el siempre vigente pactismo aragonés, o el pueblo sabio y soberano decide que la inestabilidad siga vigente.

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