Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Sin inserción social todo es asistencialismo

Dicen que hay personas y familias que solo quieren vivir de «las pagas» que reciben de los servicios sociales. Y que eso desmotiva a la gente a buscar trabajo. Hasta la AIRef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Social, señalaba y cuantificaba en un reciente informe esta desmotivación para buscar empleo entre los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En consecuencia, proponía medidas dirigidas a reformar el IMV para evitar sus efectos desmotivadores y favorecer la inclusión social. Por supuesto que sería deseable que el IMV favorezca la inclusión, pero la AIRef se equivoca de destinatario de sus mensajes.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica estatal para que las familias con bajos ingresos puedan cubrir sus necesidades más básicas. Aunque hoy, cinco años después de su puesta en marcha, sólo se benefician del IMV una tercera parte de sus potenciales destinatarios, y sus cuantías, menos de 900 € mensuales para una persona con un hijo a cargo, difícilmente permiten vivir con lo más básico.

A pesar de ello, el IMV ha supuesto un importante avance en la protección social en España. Nuestra sociedad no puede permitir que algunos de sus miembros no tengan lo mínimo para vivir. Y «las colas del hambre» nos deberían avergonzar. De ahí la necesidad de una prestación económica pública que garantice el mínimo vital a quienes lo necesiten. Si además contribuye a su inserción, tato mejor. Pero no es esa su finalidad específica.

Hasta la puesta en marcha del IMV, las Rentas Mínimas de Inserción de las Comunidades –el IAI en Aragón– cubrían, con muchas limitaciones, esta necesidad. Pero tanto su nombre, Ingreso Aragonés de Inserción, como la competencia autonómica, indican bien su razón de ser: la inserción social. Por eso, la implantación en 2020 del IMV era la oportunidad de destinar las Rentas de Inserción autonómicas a su verdadera función.

Sin embargo, la implantación del IMV ha supuesto en Aragón la práctica desaparición de sus Rentas de Inserción: de los casi 47 millones de euros del IAI en 2020, ha pasado a 3,5 en 2024 (1,75 en 2023). Y la cuantía media fue 50 € mensuales. Lo que evidencia que sólo es un complemento del IMV para quienes no reúnen los requisitos de este ingreso o para aumentar ligeramente sus cuantías en algunos casos.

El objetivo del IMV es garantizar ingresos para cubrir necesidades básicas. El objetivo del IAI es favorecer la inclusión social. Una ayuda económica puede cubrir necesidades básicas. La inclusión social necesita además acompañamiento profesional, a lo largo de procesos a medio y largo plazo. En mi trayectoria profesional he participado en muchos de ellos, siempre complejos y no siempre con garantía de éxito.

Pienso en una madre con hijos a cargo, sin ninguna formación y cuya existencia se ha desarrollado en entornos marginales. Una ayuda económica puede mejorar sus condiciones de vida, pero sólo esa ayuda no garantiza que pueda superar su situación y dejar, algún día, de necesitarla. Su proceso de inserción, con acompañamiento y apoyo de profesionales, comienza por ofrecer alojamiento digno a ella con sus hijos y mejorar poco a poco sus hábitos higiénicos y de cuidado personal, normalizar la escolarización, sus revisiones médicas y vacunas... Es un proceso largo para dar paso a una formación para el empleo, a un empleo en una empresa de inserción... Meses, a veces años, de acompañamiento y apoyo desde los servicios sociales, sanitarios, escolares, empresas..., para que algún día ella y sus hijos no necesiten seguir viviendo de ayudas sociales.

Pienso en mujeres inmigrantes, que necesitan acompañamiento y apoyo profesional para su adaptación a nuestra sociedad, para formarse para un empleo que les permita acceder a un puesto de trabajo y tener autonomía; para dejar de necesitar ayudas sociales. Pero necesitan estas ayudas durante el proceso para poder vivir y para conciliar su formación para el empleo con el cuidado de sus hijos.

El desmantelamiento del IAI, Ingreso Aragonés de Inserción, su reducción de 47 millones a 3,7 en los últimos 5 años, pone de manifiesto la renuncia del Gobierno de Aragón a asumir estos procesos, dejando solos a Ayuntamientos y Comarcas con sus limitados recursos. En una Comunidad como la nuestra, que cuenta con entidades de acreditada trayectoria y liderazgo en esta materia, desaprovechando todo su potencial.

¿Cómo no va a ocurrir que muchas personas y familias se cronifiquen y sigan dependiendo de ayudas sociales para vivir? La pobreza la sufren ellas, pero las consecuencias de mantenerse en la exclusión las sufrimos y las vamos a sufrir inevitablemente, toda la sociedad.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents