La vivienda, una hipoteca que exige soluciones

El problema de la vivienda se puede considerar el más grave al que se enfrentan las actuales y futuras generaciones. Se trata de un factor determinante que ya condiciona y condicionará la vida de millones de ciudadanos en los próximos años, a la espera de que este asunto estructural se tome en serio, de una vez por todas, por parte de los partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno, pero también por quienes de una forma u otra están implicados directa o indirectamente con la evolución de un mercado inmobiliario que parece ajeno a las necesidades de la sociedad.

El escenario no es homogéneo en toda España, ya que existen ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián y Málaga donde el coste resulta inasumible para la mayor parte de la población mientras que en otras, entre las que figura Zaragoza, la adquisición de ese bien básico representa menos del 33% del salario, el límite que se considera recomendable. De lo que no hay duda es de que los elevados precios para acceder a un piso, ya sea mediante la compra o el alquiler, tendrá repercusiones directas en el aumento de las desigualdades en la sociedad, el incremento de la desesperanza entre quienes buscan un proyecto de vida (especialmente los jóvenes) y el aumento de la desafección de la política. El hecho de que ninguno de los dos grandes partidos hayan sido capaces de dar con una solución abre la puerta al desencanto y, por ende, al arraigo del populismo como único asidero al que agarrarse. Y eso es un riesgo demasiado real.

Alquilar una vivienda en Zaragoza por menos de 700 euros se ha convertido en una odisea, según el último informe de idealista.com, que muestra que de los 455 anuncios de alquiler publicados en la capital tan solo 63 tiene un coste inferior a los 750 euros mensuales. En el conjunto de Aragón, arrendar un piso cuesta un 10% más que hace un año. Estas cifras representan un muro para los jóvenes que aspiran a independizarse y aboca a ellos y a muchas familias a optar por la compra como única alternativa. Sin embargo, en el último año, el coste de adquirir un inmueble se disparó más del 11% en Aragón, según los últimos datos de Tinsa. 

El horizonte, por tanto, no es halagüeño si se tiene en cuenta que en los próximos años se espera un repunte de la demanda de vivienda, sobre todo en Zaragoza y el área metropolitana ante la ejecución de grandes proyectos empresariales como la gigafactoría de Figueruelas, los centros de datos, el Distrito Tecnológico de Aragón y grandes complejos agroalimentarios, que verán la luz antes de 2030. En este sentido, el último informe económico de Ibercaja señala que serán necesarios unos 31.000 trabajadores en los próximos dos años para dar respuesta a estas iniciativas. Empleados, todos ellos, que también buscarán alojamiento y que impulsarán la demanda de pisos.

Ante este escenario, las soluciones pasan por actuar a través del incremento de la oferta para tratar de evitar un repunte de precios, incentivar e impulsar la promoción de vivienda pública asequible y tratar de poner límites a la especulación inmobiliaria a través de una regulación legislativa que considere a la vivienda como lo que ha de ser, un bien básico.

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