Derecho a la maternidad

Sin ningún género de duda, el descenso de la natalidad es un grave problema global que afecta a todo el orbe occidental, pero muy particularmente a nuestro país, cuya tasa de nacimientos está muy por debajo del mínimo necesario para el reemplazo generacional.

El bendito cambio social que liberó a la mujer de las cadenas que la mantenían confinada entre las cuatro paredes de casa, dedicada con carácter exclusivo a las tareas hogareñas y, aún mucho más importante, a la crianza y educación de sus hijos, ha supuesto que la mitad de la población española haya tenido acceso a un desarrollo profesional acorde con su talento, el cual se ha mostrado tan eficiente y capacitado como el de sus colegas masculinos… los cuales, por su parte, todavía permanecen en buena medida reacios a compartir las obligaciones propias de la intendencia familiar.

Eso, al menos, aseguran las estadísticas, muy a pesar de algunos felices ejemplos, que tan solo son eso: excepciones. Así, las féminas con vocación maternal se ven forzadas a cargar con la doble tarea de compaginar su trabajo y las funciones de gestión familiar, caso de no optar directamente por la renuncia a su trayectoria profesional. Durante al menos los dos primeros años de vida, un bebé necesita a sus padres: exige cariño y dedicación absoluta, algo que ninguna guardería puede proporcionar.

Se precisan muchas medidas económicas y de conciliación para revertir una natalidad exhausta, a la que, como mucho, las diferentes Administraciones y Comunidades vienen aplicando tenues parches, más bien de escasa relevancia, tanto por su cuantía como por su efectividad. Todavía menos se favorecen las fórmulas de maternidad no biológica, con mención especial de la adopción, idónea para resolver simultáneamente las aspiraciones maternales y la necesidad de acogida de unos niños sin padres.

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