El sistema de financiación encalla al nacer

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo pública ayer por fin la propuesta del Gobierno central para reformar el sistema de financiación autonómica. Una apuesta que por el simple hecho de estar sobre la mesa ya la convierte en relevante y un aspecto a valorar, ya que España lleva 14 años esperando una rueda de prensa como la ofrecida ayer por la socialista. Se trata de una hoja de ruta siempre controvertida que en lo que respecta a las grandes cifras se traducirá en 20.975 millones de euros más para repartir entre todas las comunidades a partir de 2027 que, en el caso de Aragón, significarán 629 millones más al año. En teoría, era un marco general en el que con más dinero para entregar era difícil no convertir el modelo en una especie de café para todos, que todas aumentaran sus ingresos procedentes del Estado.

Pero la respuesta fue inmediata y el PP, que gobierna en la mayoría de los territorios, y díscolos en las filas del PSOE como Emiliano García Page, que lo hace en Castilla-La Mancha, reaccionaron siguiendo el guion esperado: rechazo contundente y anuncios, como el de la DGA, de que se judicializará este nuevo sistema en todas las instancias que sea necesario. Pero lo más complicado de todo es discernir, con criterios objetivos, si este sería un buen o mal acuerdo para Aragón, básicamente porque el anuncio llega con muchas carencias en cifras clave como el porcentaje de crecimiento, cómo cambia el ránking de comunidades, el desglose de esos casi 630 millones cómo será o si efectivamente se reducen las diferencias entre autonomías en los términos cuantificables que son necesarios para no embarrar el debate en torno a un asunto muy técnico pero de extraordinaria relevancia y calado político.

Este es un debate troncal en España y no empieza bien para ninguna de las partes interesadas en el acuerdo, empezando por el propio Gobierno de Pedro Sánchez, que un día antes de su propio anuncio trasladó a todos los territorios un acuerdo bilateral con Oriol Junqueras (ERC) para Cataluña que ya aventuraba semejante ataque en tromba, fuera cual fuera la reforma del sistema de financiación.

Aragón no es una excepción, pero sí tiene sus especificidades. La principal, en este caso, es que la propuesta y el enfado llega en el peor momento posible, a las puertas de unas elecciones fijadas para el 8 de febrero y una campaña que comienza el próximo día 23. Imposible estar de acuerdo en este contexto preelectoral que añade más leña al fuego de la discordia.

Sobre una propuesta, además, que convendría analizar sosegadamente y en profundidad, explorar el consenso por el bien común de todos los aragoneses y pelear por darle forma a la propuesta inicial para que criterios como el de la despoblación, la dispersión geográfica, el sobreenvejecimiento de la población o la orografía aparezcan reconocidos en la reforma del sistema. Pelear con unidad por una solución de futuro en la que Aragón se sienta cómoda, que no se abandone el principio de solidaridad que debe regir el acuerdo y ser capaces de medir el pacto en términos cualitativos con mucha más claridad que la que arrojó ayer todo el torrente de declaraciones grandilocuentes y versiones contrapuestas que siguen el guion de los mismos intereses partidistas a ambos lados de la trinchera.

Porque esta reforma merece mucho más respeto por todas las partes, el Gobierno que propone y las comunidades que la recibirán. Por el interés de todos y porque el fin de la misma es que mejore la prestación de los servicios, con independencia del lugar de residencia.

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