El 'déjà vú' aragonés

Cada acuerdo de financiación autonómica se anuncia como si fuera el primero y se discute como si fuera el último. Cambian las cifras, se retocan los conceptos —suficiencia, equidad, estabilidad— y se actualizan las hojas Excel, pero las reacciones políticas permanecen intactas. El texto de 2026 no ha hecho más que desvelarse y confirma una vieja verdad: en financiación autonómica, el problema no es tanto el modelo como el espejo en el que cada uno se mira.

El Gobierno central vuelve a presentarlo como un avance técnico al servicio del Estado del bienestar. Más recursos, más certidumbre, más justicia distributiva. El lenguaje es reconocible desde 1997, cuando se habló de corresponsabilidad fiscal; desde 2001, cuando se prometió estabilidad integrando sanidad y servicios sociales; o desde 2009, cuando la «población ajustada» pretendió cerrar viejas heridas sin reabrir otras nuevas. Siempre es un «buen acuerdo». Siempre es «el mejor posible».

La oposición, también fiel a su papel, denuncia una chapuza o un privilegio. Ayer fue el uso de datos demográficos «antiguos», hoy es la bilateralidad, mañana será el trato singular a un territorio concreto. El guion es idéntico: si gobierna el otro, el sistema es injusto; si gobierna el propio, es responsable y equilibrado. La financiación autonómica se ha convertido en un arma de desgaste más que en una política de Estado.

Aragón ofrece un ejemplo casi de manual. En 2001, amplio respaldo y críticas minoritarias. En 2009, fractura total: el PSOE defendiendo un modelo «satisfactorio», el PP tachándolo de desatino, CHA e IU denunciando que el territorio y el envejecimiento quedaban diluidos en la población, y el PAR reclamando compensaciones. En 2014, cuando tocaba reformar y no se reformó, todos coincidieron en que Aragón perdía… pero no en quién era el culpable.

Las reacciones al acuerdo de 2026 encajan sin esfuerzo en esa misma secuencia. El Ejecutivo autonómico calcula ganancias y subraya pérdidas e insolidaridad. Los que están en el Gobierno central lo ven superpositivo y el resto de la oposición mide pérdidas relativas y alerta de agravios. Los partidos aragonesistas vuelven a exigir que la extensión, la dispersión y el envejecimiento pesen más. Y los expertos advierten, otra vez, de que el sistema nace con fecha de caducidad porque la economía y la demografía no esperan al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Quizá el verdadero fracaso no sea que nunca haya un acuerdo perfecto, sino que sigamos fingiendo sorpresa ante reacciones que llevan 30 años repitiéndose. En Aragón, como en el resto del país, la financiación autonómica no se debate para resolver un problema estructural, sino para ganar el relato del momento. Y así, acuerdo tras acuerdo, el ‘déjà vu’ continúa.

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