Sánchez dinamita la precampaña del 8F en Aragón

Nada es casualidad en política, tampoco la presentación de la reforma del sistema de financiación autonómica a menos de 15 días de una campaña electoral en Aragón, a la que sucederán otras en Castilla y León y Andalucía, tres territorios gobernados por el PP. Nada es casualidad porque, además, el escenario político nacional también anda revuelto y porque apenas queda un año y medio para que se celebren unas nuevas elecciones generales, si se consuman los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tampoco fue casual la convocatoria de los comicios autonómicos en Aragón, calculados al milímetro por el Ejecutivo de Azcón e impulsados por Génova, ni los de Extremadura. Todo tiene su intención, aunque a veces las cosas no salen como se esperan.

En el caso del sistema de financiación autonómica, la propuesta de reforma comienza de la peor forma posible, con una falta de consenso palmaria entre un Ejecutivo central pilotado por el PSOE y unas autonomías gobernadas en su mayoría por el PP. La guerra partidista se ha enquistado y ese es, sin duda, el gran agujero negro que ha hecho inviable sellar un acuerdo en los últimos 14 años. La imposibilidad de pactar algo tan relevante para el estado de las autonomías debería sonrojar a los dos partidos que han gobernado España. Porque el coste es enorme para los ciudadanos y porque cualquier escenario que se plantee en este contexto va a suponer un enfrentamiento político y territorial, más si cabe en un momento en el que el futuro de Sánchez depende de los intereses que marcan los partidos independentistas de Cataluña. El hecho de que fuera Oriol Junqueras (ERC) quien anticipó la propuesta de financiación del Gobierno, que inyecta 21.000 millones más al sistema, es el principal pecado original que lo condiciona todo. Porque las formas importan tanto como el fondo.

Nadie duda de que resulta necesario plantear una reforma del sistema de financiación autonómica porque la falta de recursos de las comunidades es clara, pero cómo se vende importa y mucho. El escenario político debería obligar al PSOE y al PP a buscar acuerdos decisivos para el futuro del país, algo que evitaría la dependencia de la ultraderecha y de los partidos que no velan por el todo sino por su parte. Pero eso no va a ocurrir, de ahí que la ministra de Hacienda presentara el pasado viernes un modelo con el que Aragón podría recibir 630 millones de euros más (tan solo unos 200 según la DGA), una cifra que brilla más o menos, según los ojos de quienes la miran.

Lo realmente importante es saber si la propuesta cumple con los criterios de redistribución y solidaridad entre

La propuesta trata de no dejar a nadie atrás, ya que plantea aumentar de forma notable los recursos destinados a la «caja común», algo que será posible gracias al aumento del dinero que el Estado cede a las comunidades en concepto de IRPF e IVA, aunque eso puede no ser suficiente. No obstante, más allá de los cálculos, que siempre son relevantes, lo trascendente es saber si el planteamiento cumple con los criterios de redistribución y solidaridad entre los territorios, que es el que debe aplicarse a rajatabla. A priori, las comunidades más beneficiadas serán Cataluña, Andalucía y Valencia, mientras que Aragón quedaría a mitad de tabla. No obstante, falta conocer la letra pequeña.

La propuesta es solo eso, aunque no tiene visos de ser debatida porque las comunidades del PP ya han anunciado que la rechazarán de plano sin apenas haberla analizado. Si es aprobada por el Congreso «la recurriremos en todas las instancias», subrayó el Ejecutivo aragonés. Por tanto, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el próximo miércoles, y los encuentros bilaterales anunciados por Montero han muerto sin ni siquiera haberse nacido.

Sea como fuere, la reforma del sistema de financiación impacta de lleno en la precampaña electoral de Aragón, que se ha visto sacudida en este inicio de enero y cuyos efectos pueden tener consecuencias en los resultados de los comicios. Es por ello que la exportavoz del Gobierno y exministra de Educación, Pilar Alegría, tendrá que afanarse en explicar los beneficios que tiene para Aragón un modelo que parece ligado a las exigencias de los partidos catalanes.