Respeto a las normas, éxito para la democracia

¿Cómo entender a una persona sin pensamiento propio? Aquel pensamiento que nace de sus convicciones, que se genera a través de ideas y que lo identifica como un individuo que necesita un espacio intelectual suficiente para desarrollar su libertad, así como para generar y defender sus derechos. No nos equivoquemos: todo ello no significa la adhesión real o virtual a un partido político, ya que se fundamenta en una ideología autogenerada sobre cómo entendemos que debe ser la sociedad y cómo concebimos la convivencia en ella, que siempre deberá tener una condición inexcusable: el respeto hacia la totalidad de los individuos que la componen.

Pues bien, si entendemos cómo debemos ser y hacia dónde encaminar nuestra existencia, y lo trasladamos a la situación que vivimos hoy, no encontramos el espejo que refleje esa imagen descrita. Lo que hallamos, en cambio, es un individualismo pleno de egoísmo.

La lucha debe entenderse como el esfuerzo por conseguir un modelo de sociedad en el que la convivencia no tenga otra limitación que el respeto hacia sus individuos. Este debería ser el triunfo que debemos lograr como especie. Lo contrario supone una lucha dedicada a la eliminación de todo aquello que consideramos competencia para nuestros intereses personales. Recorrer este camino es renunciar a la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 1 enuncia: «Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz». En resumen, todas las acciones entre países deberían estar sujetas a las normas del derecho internacional.

El pasado 3 de enero, Estados Unidos realizó un ataque de bombardeo contra algunas ciudades de Venezuela, que sirvió de pantalla para lograr el secuestro del presidente de este país, Nicolás Maduro. Este hecho constituye un claro ejemplo de incumplimiento del derecho internacional. España no reconoció el resultado de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, pero ello no legitima que un tercer país, como Estados Unidos, se inmiscuya con violencia, bombardee y mate a personas como supuesto método para resolver la gobernabilidad venezolana. Más aún si se tiene en cuenta que lo pretendido por el presidente Trump es apoderarse de las reservas de petróleo -las mayores del mundo- y no garantizar la democracia ni la libertad del pueblo venezolano. Sin duda, lo que otros países, a través de las Naciones Unidas, deberían reclamar es que los ciudadanos de Venezuela decidan su destino mediante unas nuevas elecciones libres y con plenas garantías de independencia.

En esa misma línea de desprecio por el derecho internacional puede situarse el episodio protagonizado por el todopoderoso presidente de los Estados cuando planteó la posibilidad de «comprar» Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Más allá de lo anecdótico, su empeño por hacerse con ese territorio continúa, al que debe de considerar un gran activo estratégico, aunque no parece mostrar el mismo interés por sus habitantes. Nada incoherente en un presidente ególatra, narcisista y endiosado. (La RAE bien podría añadir como sinónimo de cualquiera de esos adjetivos el nombre de Donald Trump).

Pero volviendo al tema Venezuela. En España, a los partidos de derechas y de extrema derecha les parece que Estados Unidos ha actuado correctamente con su intervención de ataque y secuestro en Venezuela. No alcanzo a entender la pleitesía que se le rinde al presidente Trump, por parte de estos partidos, que pasa por alto el derecho internacional y afirma que la única norma válida es su propia moral. Sin embargo, resulta llamativo que, en concreto, el Partido Popular lleve tiempo reclamando elecciones en nuestro país bajo la acusación de que el actual gobierno es perverso y corrupto, y de que no respeta la separación de poderes. Criterios distintos según de quién se trate. Más allá de ello, sostienen que deben gobernar ellos para garantizar un gobierno limpio e incorrupto. Siento decir que no son el mejor ejemplo: han gobernado durante cuatro legislaturas -con los señores Aznar y Rajoy- y sus gobiernos han sido manifiestamente mejorables y poco ejemplares. La corrupción ha formado parte de su manual. Entiendo, además, que el señor Feijóo dirige hoy ese mismo partido. Poco ejemplo.

Me voy a permitir aconsejar al Partido Popular que, como partido de Estado que dice ser, lo que a los ciudadanos nos interesa es conocer con claridad cuál es el modelo de sociedad que propone. Solo así podremos adoptar la mejor decisión. Esta, y no otra, es la responsabilidad de los partidos políticos para con la ciudadanía.

Y dado que estamos iniciando este 2026, me permitiré un último apunte. Durante 2025 y años anteriores he observado el escaso aprecio que se muestra hacia nuestras instituciones, hasta el punto de que se desvirtúa su función al servicio de los ciudadanos. Conviene recordar que son instrumentos necesarios para estructurar y equilibrar la sociedad. Si las destruimos mediante ataques a su validez, abandonamos el camino del pensamiento y abrimos la puerta al individualismo y a la desigualdad.

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