Vivienda: el parche, el muro y la nada

La vivienda se ha convertido en uno de esos problemas que todos reconocen y casi nadie resuelve. El diagnóstico está encima de la mesa desde hace tiempo: si los precios del alquiler siguen subiendo al ritmo actual, en unos años habrá una parte creciente de la población que, sencillamente, no podrá pagar. Algunos ya no pueden hoy. Pagan una habitación, comparten piso con desconocidos o destinan más de la mitad de su salario a un techo que no siempre es digno. No es una anomalía: es el nuevo paisaje.

Las medidas del Gobierno central suenan, en parte, a parche. Bonificaciones fiscales, incentivos a propietarios, anuncios que intentan ganar tiempo. Pero un parche no siempre es inútil: a veces evita que la herida se infecte. La ley de vivienda, con su límite a las subidas del alquiler en zonas tensionadas, parte de un diagnóstico razonable. El problema es político: varias comunidades gobernadas por el PP se niegan a aplicarla, como si el mercado fuese a autorregularse por decreto ideológico. Mientras tanto, el precio sigue subiendo.

Pedro Sánchez propone más medidas y puede discutirse si se pasa de frenada con tanta ventaja fiscal para los dueños de pisos. Ya existen bonificaciones y cabe preguntarse si el equilibrio se ha roto a favor del propietario, mientras el inquilino apenas gana seguridad. Aun así, hay algo que conviene subrayar: al menos hay una política, una intención de intervenir antes de que el problema sea irreversible.

En el otro extremo está Vox. Habla mucho de vivienda, pero nadie sabe qué haría realmente si gobernara. Sus recetas suenan bien en titulares, pero se evaporan al concretarlas. Como casi todo en su discurso, acaban señalando a la inmigración. Una trampa cómoda: culpar al último eslabón de la cadena. La realidad es la contraria. Los inmigrantes son de los más golpeados por la crisis de vivienda: no les alquilan, les exigen más garantías o les imponen precios más altos. No encarecen el mercado; lo padecen.

Quizá haya que pensar más allá del parche. Una familia, una vivienda. Para eso hacen falta alternativas reales de ahorro. El pequeño ahorrador invierte en ladrillo porque no tiene mucho más. Y, al mismo tiempo, habría que poner freno a los fondos de inversión, limitar su crecimiento y su capacidad de convertir barrios enteros en activos financieros. Sin eso, cualquier ley será insuficiente. La vivienda no puede ser solo un negocio: es, antes que nada, un derecho. Y el tiempo para decidirlo se acaba.

Ahora que se acercan las elecciones en Aragón, la vivienda debería dejar de ser munición electoral y convertirse en terreno de acuerdo. Haría falta una política común entre los candidatos y que la próxima legislatura se dedique, de una vez, a una estrategia global, estable y a largo plazo. Porque seguir parcheando es una forma elegante de no decidir nada.

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