Tiempo de duelo e investigación

Cada hora que pasa tenemos más información sobre el accidente de Adamuz, el más grave en la red de ferrocarriles española desde el de Angrois en 2013. Pero aún se han de desentrañar las causas de este siniestro de fatales consecuencias. Tenemos la responsabilidad, todos, desde las fuerzas políticas a los medios de información y al ciudadano que consume, produce o hace circular informaciones, desinformación o testimonios, de responder al drama ferroviario con serenidad y dejando de lado apreciaciones apriorísticas o hipótesis aventuradas. Tenemos la obligación de estar al lado de los que sufren al mismo tiempo que elogiamos la solidaridad de todos aquellos, profesionales y voluntarios, que están luchando por aminorar el dolor.

También debemos poner sobre la mesa, con total objetividad, una reflexión profunda sobre la alta velocidad en España y sus problemas estructurales. En estas páginas ya hemos señalado las tensiones que está experimentando esta red en España: la falta de mantenimiento y de inversiones en renovación de un sistema que está ya en su tercera década de funcionamiento, las consecuencias de su concepción radial, el incremento de la circulación por la llegada de nuevos operadores, y, en consecuencia, la saturación de un servicio que al que le cuesta llegar a los estándares de puntualidad y fiabilidad con que se estrenó. El hecho de que el tramo donde se produjo el accidente haya sido objeto de una millonaria reforma recientemente obliga a no establecer una relación automática de causa y efecto entre el estado de la red y lo sucedido. Pero la falta de control sobre la calidad de las obras realizadas, la falta de reacción ante avisos sobre potenciales problemas en caso de que se hubiesen producido o el estado del material rodante son factores a tener en cuenta, una vez la hipótesis del fallo humano parece no considerarse, en una investigación de la que aún nos queda mucho por saber.

Aun reclamando celeridad en la investigación, también hemos de ser conscientes que un accidente de estas características demanda precisión y pausa. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha de actuar sin presiones y ha de valorar el origen de la tragedia . Lo que no podemos permitirnos, como sociedad, es la explotación del accidente como instrumento político. Hay que valorar positivamente, en este sentido, la reacción sin apenas excepciones del Gobierno español y del Gobierno andaluz durante estos momentos de crisis. Poniendo como prioridad la atención a las víctimas y sus familias y mostrando una templanza y contención que debería mantenerse cuanto menos durante un periodo de luto oficial que por respeto a los directamente afectados debería suponer algo más que la suspensión de actividades públicas. Y más allá, incluso cuando la rendición de cuentas una vez profundizada la investigación permita llegar a las causas y a unas conclusiones.

Ante las hipótesis sin fundamento comprobable y la desinformación debe situarse la responsabilidad, tanto desde los medios como desde la política. Aprovechar la tragedia para abundar en la idea de un Estado fallido y un ciclo político agotado supone dar un espectáculo indecente que no hace más que desacreditar la política y las instituciones. Pero esa responsabilidad debe seguir en forma de colaboración; y también en forma de esclarecimiento de causas, con las consecuencias técnicas o políticas que ello tenga.