Discriminación en la Formación Profesional

El profesorado técnico de Formación Profesional (0591) y el profesorado especialista en sectores singulares (0598) llevamos casi tres años sufriendo una discriminación laboral difícil de justificar y aún más de entender. A partir del 1 de septiembre de 2025, estos docentes cobrarán menos salario que compañeros que imparten las mismas enseñanzas, al mismo alumnado y con idénticas responsabilidades.

Esta situación tiene su origen en la Ley Orgánica 3/2020, que permitió la integración en el cuerpo de Profesores de Secundaria (0590) del profesorado técnico con titulación universitaria, dejando fuera a quienes no la poseían y creando un nuevo cuerpo: el de Profesorado Especialista en Sectores Singulares. Este cuerpo agrupa especialidades eminentemente prácticas como Cocina y Pastelería, Servicios de Restauración, Peluquería, Carpintería y Mueble, Mecanizado o Mantenimiento de Vehículos, entre otras, para las que no existen titulaciones universitarias específicas. Estas competencias no se adquieren en una facultad, sino a través de la Formación Profesional y de la experiencia profesional en el sector.

El resultado ha sido un auténtico despropósito organizativo y humano. En un mismo departamento de FP conviven docentes que realizan exactamente el mismo trabajo, con el mismo alumnado y currículo, pero pertenecen a cuerpos distintos (A1 y A2), con importantes diferencias salariales y laborales. Por ejemplo, este profesorado no puede ejercer como jefe de departamento, aunque sí puede ocupar cargos como jefatura de estudios o dirección, una contradicción difícil de comprender. Además, existen desigualdades en el régimen de clases pasivas para la jubilación: 32 años de cotización para el cuerpo A1 frente a 35 para el A2.

Se da también la paradoja de que la integración se ha permitido con titulaciones universitarias sin afinidad con la especialidad impartida, mientras que docentes con amplia experiencia profesional, formación técnica específica y años de servicio quedan excluidos.

Esta situación genera división, desmotivación e inseguridad en los centros educativos y supone un grave perjuicio para la Formación Profesional, especialmente en Aragón, donde este profesorado que la sustenta desempeña un papel clave en los Grados Básicos y en la reincorporación del alumnado al sistema educativo, así como en la formación de futuros profesionales del tejido productivo e industrial.

Por todo ello, es urgente que las administraciones educativas adopten una solución justa y coherente que ponga fin a esta desigualdad y reconozca la labor del profesorado técnico y especialista. La dignidad profesional y la calidad de la FP están en juego.