Seguros, pero no coaccionados

El terrible accidente de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado 45 víctimas mortales, ha puesto el foco sobre la seguridad de las infraestructuras ferroviarias. En Adamuz colisionó un Alvia de Renfe con un tren de alta velocidad Iryo que había sufrido un descarrilamiento. Las investigaciones para esclarecer las causas continúan abiertas, aunque todo apunta a un fallo en la infraestructura. Al accidente de Córdoba le siguió otro pocas horas después, esta vez en Rodalies de Cataluña, cerca de Gelida, cuando un muro de contención cayó sobre la cabecera del tren al paso de este. En el siniestro falleció un joven maquinista en prácticas.

La tragedia de Adamuz llevó a las autoridades a establecer limitaciones en el trayecto de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid presionadas por los maquinistas. A su vez, el accidente de Gelida provocó, amén del corte de la autopista AP-7, la suspensión preventiva de la circulación de trenes de Rodalies y media distancia en el conjunto de Cataluña. Pese a que las autoridades anunciaron el restablecimiento progresivo del servicio y el ente gestor Adif garantizó por escrito su buen estado, la congelación de todo el servicio se repitió por segundo día consecutivo, esta vez por el plante de los maquinistas. Tras un acuerdo entre los profesionales, que por la mañana no habían acudido a su lugar de trabajo sin dar explicaciones, Govern, Adif y Renfe, se reemprenderá en los trazados que superen una segunda inspección supervisada por los trabajadores sin que tengan ningún derecho a ello.

Conductores y sindicatos habían denunciado interesadamente el deterioro de la red ferroviaria. Una realidad especialmente evidente en el caso de Rodalies, que arrastra desde hace largos años una gravísima falta de inversiones y una dejadez escandalosa, y no tan publicitada en el de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza. La coincidencia de accidentes ha dado lugar a un intenso debate público sobre las inversiones, el mantenimiento y los protocolos preventivos en caso de eventos climáticos como las lluvias torrenciales. Pero responden a motivos y contextos muy distintos, a pesar de que muchos, empezando por los maquinistas, los hayan vinculado irresponsablemente.

El supuesto malestar de los maquinistas no puede traducirse en la aceptación de cualquier forma de protesta. La paralización del servicio ferroviario ha supuesto un perjuicio irreparable para una parte muy significativa de los ciudadanos catalanes, la mayoría humildes trabajadores que en sus empresas no pueden ejercer presiones como las que han impulsado estos días desde un sindicato corporativo. A los conductores ferroviarios hay que garantizarles su seguridad, igual, por supuesto, que a los usuarios, y también es necesario tomar todas las medidas para mantener adecuadamente y poner al día los trenes y el resto de infraestructuras ferroviarias. Pero no es aceptable que los colectivos que disponen de capacidad para causar graves trastornos al resto de ciudadanos, recurran a un paro encubierto que no es otra cosa que un chantaje que toma como rehenes a los usuarios que dicen proteger, saltándose las normas que regulan el ejercicio de la huelga en un servicio público esencial. Si el organismo responsable del funcionamiento de la infraestructura ferroviaria certifica que está en condiciones de prestar servicio, ese criterio debe ser considerado (de hecho, debería haber sido así ya ayer) incontestable. Se le debería exigir al regulador y a la empresa operadora que ese dictamen técnico, y los intereses públicos de cientos de miles de ciudadanos, no se vuelvan a saltar a la torera por falta de contundencia. Y es que lo ocurrido en Cataluña puede ser la antesala de lo que puede pasar con la huelga convocada en todo el país para el próximo 9 de febrero, mientras la Administración se afana en demostrar que no están poniendo en riesgo la vida de nadie. Aunque estos paros sí están siguiendo las reglas que marca la ley para hacerlos.

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