Entre la solvencia y el espejismo

Aragón va a acudir a las urnas en una convocatoria de alcance histórico. Se trata de una elección marcada por un dilema institucional de fondo: optar entre la estabilidad que permite avanzar o la incertidumbre que paraliza. En política, la estabilidad no es un concepto abstracto, sino el presupuesto imprescindible de la seguridad jurídica, sin la cual no hay inversión, ni empleo, ni progreso sostenible.

Desde esta premisa, la figura de Jorge Azcón se presenta como un activo de gestión contrastada frente a una candidata –la de Pilar Alegría– que muchos perciben mas como una prolongación de la mano de Sánchez que como una propuesta enraizada en las necesidades reales de las tres provincias aragonesas. No es una cuestión personal, sino de enfoque político: gobernar Aragón exige algo más que una disciplina de partido; requiere conocimiento del territorio, interlocución leal y capacidad ejecutiva.

El debate cara a cara celebrado el pasado lunes dejó una imagen significativa: el cartel de los «630 millones de euros» exhibido por la candidata socialista. Alegría intentó construir un relato presupuestario propio del «cuento de la lechera», basado en un modelo de financiación autonómica que ha sido rechazado por la práctica totalidad de las comunidades, con la excepción de Cataluña. Desde un punto de vista técnico esta promesa resulta inane, pues descansa en una mayor cesión de IVA e IRPF que solo podría materializarse mediante una subida de impuestos o un incremento de una deuda estatal ya estructuralmente insostenible. La fundación FEDEA ha tildado de asimétrico e injusto el modelo y cita que Aragón pierde, «Aragón 4,1 (lo que le deja en la última posición del ranking)», en la financiación relativa por habitante. El crédito de la palabra de Alegría es ampliamente nulo.

Presidir el Pignatelli no es un cargo menor: encarna la representación institucional de un pueblo con siglos de historia. Por ello, las prácticas iliberales del Gobierno de Sánchez –del que Alegría ha sido portavoz– proyectan una sombra razonable de duda sobre su idoneidad. ¿Qué garantías de solvencia ofrece una candidata vinculada a un proyecto político que ha reformado el Código Penal para beneficiar a condenados o que ha promovido la ley de amnistía por mera supervivencia parlamentaria?

El 8 de febrero, los aragoneses decidirán entre una senda de pujanza económica avalada por hechos o la incertidumbre de un proyecto subordinado a intereses ajenos a esta tierra. Y esa decisión, lejos de ser menor, marcará el rumbo institucional de Aragón durante los próximos años.

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