Más justicia, menos corrupción

Una percepción extendida en el debate público en España es que la lucha contra la corrupción es selectiva y partidista. La idea de lawfare –primero sostenida por el independentismo y sectores de la izquierda y luego asumida por el propio PSOE desde la amnistía– ha servido para cuestionar la legitimidad de investigaciones incómodas. Sin embargo, los datos apuntan en otro sentido. Desde 2015, el CGPJ recopila de forma sistemática información sobre procedimientos, sentencias y condenas por delitos vinculados a la corrupción, lo que permite evaluar con precisión el alcance real de la actuación judicial, más allá de los grandes casos mediáticos.

La primera conclusión es que la actividad judicial contra la corrupción se ha mantenido en niveles sostenidos a lo largo del tiempo. Aunque el número de procesados fluctúa según los años, la persecución penal es continuada y las tasas de condena superan mayoritariamente el 60%, un patrón difícilmente compatible con la idea de una justicia arbitraria sujeta a impulsos políticos coyunturales. A ello se suma el dato penitenciario que revela que, a comienzos de 2025, cerca de un centenar de personas se encontraban en prisión o en situación de prisión preventiva por delitos de corrupción. No se trata de percepción ni de relato, sino de consecuencias penales efectivas.

La segunda es la ausencia de sesgo político en la persecución del delito. Las investigaciones y condenas afectan a responsables de distintos partidos, niveles de gobierno y etapas políticas. El cambio de Gobierno en 2018 lo ilustra con claridad: una sentencia por corrupción del PP tuvo consecuencias políticas inmediatas, pero los años posteriores muestran causas relevantes que afectan también a cargos socialistas y a tramas sin adscripción partidista. De existir una persecución orientada, los datos reflejarían desequilibrios persistentes, pero no es el caso.

Y el tercer elemento a tener en cuenta es la constatación de la complejidad creciente de las tramas investigadas. Los llamados «nexos corruptores» –que conectan contratos públicos, empresas y decisores políticos– explican la expansión y el solapamiento de muchas causas. Una dinámica que responde a la lógica propia de la investigación penal, que al seguir el rastro de las relaciones y de los beneficios económicos conduce a nuevos imputados y a conexiones inicialmente no previstas. Y vinculado a ello también resulta relevante el papel de la colaboración con la justicia. Las rebajas de pena a cambio de información no son una singularidad española, sino un instrumento habitual para desarticular redes complejas, y las diferencias en las peticiones fiscales responden a incentivos procesales, no a filias o fobias políticas.

Por todo, ello la radiografía del CGPJ es concluyente: no hay persecución política, sino una justicia más activa y menos tolerante con la impunidad. La evidencia desmonta la existencia de lawfare y demuestra que lo que aumentado en España no es el uso partidista de los tribunales, sino la aplicación del Estado de derecho. Una consecuencia lógica de que la justicia alcanza a todos, con independencia del cargo, el partido o la posición institucional que se ocupe.

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