Otro decreto ómnibus

El Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva versión, desdoblada en dos decretos, del paquete ómnibus que fue derrotado hace una semana en el Congreso de los Diputados. Por un lado, la revalorización de las pensiones, que esta vez no debería encontrar ningún obstáculo para su aprobación y, en consecuencia, permitirá que este mes de febrero los pensionistas no vean revertido el aumento que empezaron a percibir en enero. Por otro lado, la veintena de medidas agrupadas bajo el concepto de escudo social, entre ellas la prórroga de la prohibición de desahucios sin alternativa de alojamiento a los inquilinos en situación de vulnerabilidad que hayan dejado de pagar el alquiler a sus caseros. En este caso se ha modificado también la propuesta inicial, tras pactar con el PNV que el desalojo sí se podrá ejecutar cuando el propietario tenga como máximo dos pisos de su propiedad (uno en el que viva, otro arrendado).

El recurso de empaquetar en una sola tramitación medidas diversas, algunas de las cuales son difíciles de digerir por uno u otro de los socios de la evanescente mayoría parlamentaria, es un recurso que demuestra los límites de las bases parlamentarias sobre las que se asienta el Gobierno de Pedro Sánchez. Socios de investidura, unidos en su día por el rechazo a facilitar el acceso a la Moncloa del Partido Popular, pero con modelos sociales, económicos y territoriales en gran parte incompatibles.

Gobernar en minoría implica una transacción constante en la que ninguna de las partes puede imponer al completo su programa, puede reclamar que se acepten algunas de sus demandas y debe transigir con otras que le pueden resultar ciertamente incómodas. Pero incluir una disposición de amplio consenso como la revalorización de las pensiones, junto con otras abiertamente discutidas y bajo la tesitura de aprobarlas en bloque o hacer que todas ellas decaigan, es una práctica que no por común deja de suponer una coerción políticamente reprochable, más que una táctica de negociación normalizada. Más aún si se toma como moneda de cambio las pensiones, cuyo presente es especialmente sensible y cuya futura sostenibilidad deberá ser objeto de acuerdos responsables, más que de utilizaciones interesadas.

El desdoblamiento, con todo, vuelve a reincidir en el mismo defecto. La nueva versión del escudo social, aligerada de la revalorización de las pensiones, sigue incluyendo medidas tan diversas como la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la prórroga del bono social energético o las ayudas a ayuntamientos y exenciones de IRPF a causa de la dana o los incendios forestales, además de la prórroga de la prohibición de los desahucios, que vuelve a ser una medida no consensuada de la que depende todo el resto. Y sobre ella cabe un debate con argumentos enfrentados. Aunque la calificación de los inquilinos que quedan sin recursos como «inquiokupas» supone una criminalización injusta, también lo es hacer recaer el coste de no dejar en la calle a familias sin recursos a propietarios que son señalados por ello, en lugar de ser asumidos por los servicios sociales que deberían proveer de soluciones habitacionales de emergencia. El bloqueo puede reproducirse: mientras el PNV ha moderado el alcance de la prohibición de desahucios, Podemos califica de "criminal" la enmienda pactada y Junts no se pronuncia. Con todo el nuevo ómnibus de nuevo en vilo, el Gobierno opta por intentar forzar el componente más polémico de su escudo en lugar de hacer que sea objeto, también, de tramitación y votación separada.