La DGA se frena a sí misma en el Portillo

Lo que está ocurriendo con el edificio de Correos en los antiguos suelos del Portillo roza el absurdo por tantos motivos que a veces uno se pregunta si hay alguien al volante de la Administración. Resulta que justo cuando las máquinas empiezan a perforar el inmueble que durante décadas ocupó la empresa postal pública se dan cuenta en Patrimonio que es hora de valorar si tiene suficiente valor patrimonial como para conservarlo. Que no entraré a valorar sobre la estética y lo valioso que resulta para Zaragoza un bloque que durante años no solo ha estado infrautilizado sino que además su conservación ha dejado mucho que desear. Lo dicen quienes durante años le dieron vida y reclamaron sin éxito un lavado de cara integral, pero tampoco les podemos informar sobre cuál era su estado por dentro porque, sencillamente, la Administración nunca nos ha dejado entrar a mostrárselo a los ciudadanos –y créanme que se ha pedido numerosas veces–, ni cuando Correos estaba allí instalada ni ahora que está en poder de Zaragoza Alta Velocidad (con el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA como socios). Pero insisto, no seré yo quien juzgue sobre su valor patrimonial.

Solo sé que su vaciado solo dependió siempre de que a Correos se le pagaran los más de dos millones que exigía por renunciar a él o que la demolición siempre ha estado en la hoja de ruta de las tres administraciones (Gobierno central, autonómico y ayuntamiento), a la vista de todos, incluso de quienes ahora defienden que es una barbaridad echarlo abajo. Lo que es una barbaridad es que una misma administración, como es en este caso la DGA, sea capaz de estar durante años promoviendo su demolición y sea ahora cuando lo paralice porque igual es obligatorio mantenerlo en pie como icono irrepetible de un brutalismo arquitectónico que pocos conocían en la ciudad.

El Gobierno aragonés quizá debería haber consultado a su departamento de Patrimonio si era importante sacar este derribo a concurso público dentro de unas obras millonarias que suponían la reconversión de esta céntrica cicatriz urbana. Y no por aquello de no parecer que cada departamento va por su cuenta, sino porque cuando se acepta el derribo, se decide meterlo en un contrato público, licitarlo y adjudicarlo, no hay que ser muy avispado para darse cuenta de que paralizarlo luego siempre tiene consecuencias. Si se retrasa todo, más dinero costará, de todos los aragoneses. Si se rehace el proyecto, también. Y si todo queda en nada, al menos el coste solo será en la imagen que proyectan todos, que será nefasta pero al menos les sale gratis a los contribuyentes.

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