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Opinión | APUNTES AL MARGEN

Fiscalidad y vivienda

La vivienda sigue siendo en este momento el mayor problema social del país. Esta semana el Gobierno ha planteado una medida tendente a controlar los precios del alquiler. En España los caseros tienen una reducción (desgravación) del 50% en el IRPF si la vivienda se destina a alquiler. Ahora el Gobierno lo que plantea es jugar con esa reducción. Si el casero no sube el alquiler, esa reducción aumentará. Y si sube el alquiler, entonces disminuye la reducción. La idea del Gobierno es que el casero diga: lo que voy a ganar subiendo lo voy a pagar en impuestos porque voy a perder la deducción, mejor no subo. Es cierto que la medida puede funcionar, pero tiene alguna pega. La primera: afectará a los caseros que tributan por IRPF, en absoluto a quienes tributan por impuesto de sociedades. La segunda es que esta medida beneficiará especialmente a multipropietarios con rentas altas, que pueden dejar de pagar muchos impuestos. Quizá ese dinero fuera más efectivo a medio plazo para ir haciendo un parque público de alquiler. En todo caso, y en espera de cómo se concrete exactamente, la medida puede tener cierto impacto positivo y no es mala idea. No obstante, si se quieren aplicar medidas fiscales serias que ayuden a paliar el problema de la vivienda, la clave no está en ayudar o gravar a los caseros. El que tiene un piso (o 200) alquilado está contribuyendo a que el precio del alquiler baje. El problema está en el que tiene pisos que no se dedican a vivienda. Ese está contribuyendo a que el precio del alquiler suba. La medida fiscal más útil es gravar fuertemente toda segunda vivienda que no esté alquilada como vivienda: pisos turísticos, la casa del pueblo para dos semanas al año, el piso vacío de la abuela que los herederos no se ponen de acuerdo en qué hacer con él, las segundas residencias en la playa o la montaña, los pisos de alquiler por habitaciones, los dedicados a consultas médicas o bufetes de abogados, etc. Ya verán que rápido pasan los pisos turísticos a alquiler normal, los herederos se ponen de acuerdo o empiezan a aparecer viviendas disponibles en el medio rural, en Jaca o en Benidorm. Incluso verán la apertura de bufetes de abogados en locales. Lamentablemente, esa medida no tiene mayoría parlamentaria, ni social. El mismo hijo único que se queja de lo que paga por una habitación en Madrid, sabe que heredará la casa de sus padres y la del pueblo. El problema de la vivienda está ahí y para resolverlo a largo plazo: parque público de alquiler. A corto, toca pisar callos. Lo demás, paños calientes.

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