¿Qué es lo que nos sorprende?

La denuncia contra el exdirector operativo de la Policía Nacional ha caído como una bomba en el cuerpo. «Estamos en shock», repiten los sindicatos. Desconcierto. Prudencia. Presunción de inocencia. Protección a la víctima. Daño reputacional. El guion es conocido. Lo que nos debemos preguntar, una vez más, es qué es exactamente lo que nos sorprende.

Hace demasiado tiempo que estas denuncias dejaron de ser anomalías imprevisibles para convertirse en un patrón transversal, en partidos políticos, en la iglesia, en empresas y ahora, en el ámbito policial. Cambian las siglas, cambian los uniformes, cambian los despachos. El mecanismo social de reacción, sin embargo, permanece casi intacto. La pregunta incómoda es por qué seguimos reaccionando como si cada denuncia fuera un hecho excepcional y no la expresión de relaciones de poder profundamente arraigadas.

El abuso sexual casi nunca ocurre ante testigos, se produce en espacios donde la jerarquía pesa más que la palabra. Allí, la víctima no actúa como en los relatos simplificados que la sociedad espera. No siempre puede marcharse, denunciar de inmediato o resistirse de forma visible. A menudo tiene que defenderse como puede, intentando proteger su trabajo, su estabilidad frente a quien tiene la capacidad real de condicionarlos.

Cuando decide hablar, aparece otra capa del problema. En los círculos próximos, los intentos de silenciar el conflicto con dinero, mediaciones discretas o advertencias sobre las consecuencias de denunciar. Y cuando el caso se hace público, no es extraño que compañeros del acusado se alineen con quien ostenta mayor poder en la organización. No necesariamente por convicción, sino por inercia institucional, miedo o lealtad jerárquica.

Todo bajo la habitual sospecha sobre la denunciante, la reinterpretación de la relación previa o el cuestionamiento del momento en que se denuncia. Mientras tanto, del acusado se suele glosar una biografía pública impecable, buen profesional, esposo atento, ciudadano respetado o referente comunitario. Como si la violencia privada fuera incompatible con la respetabilidad pública, cuando precisamente el poder social suele facilitar el silencio de las víctimas.

No se trata de condenar sin juicio, ni de debilitar garantías procesales. El Estado de derecho exige investigación rigurosa y pruebas, pero tampoco se puede ignorar el contexto en el que se producen muchas denuncias, el de relaciones desiguales de poder donde quien denuncia asume un coste personal mayor que quien es denunciado. Tal vez la pregunta correcta no sea qué nos sorprende, sino por qué seguimos fingiendo sorpresa.

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