Caos aduanero

La respuesta del presidente Donald Trump a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de declarar ilegales buena parte de los aranceles aprobados por la administración norteamericana amenaza con un caos aduanero que puede afectar al comercio internacional. Esta es la conclusión a la que han llegado la mayoría de los socios comerciales de EEUU, que observan con perplejidad la respuesta de Trump en un asunto de tanta importancia para la economía mundial como son las reglas que rigen los intercambios comerciales.

Tras encajar con evidente malhumor la resolución del Tribunal Supremo y calificar a sus jueces con palabras tan gruesas como inéditas, Donald Trump anunció inicialmente, a través de su red social que impondría un arancel general del 10%. Sin embargo, al día siguiente, subió este arancel al 15%, una posibilidad que tiene, de acuerdo con la legislación vigente, siempre y cuando su aplicación no exceda los 150 días. Aunque ayer entró en vigor, y al 10%. No es de extrañar que tanto los gobiernos como los principales operadores económicos hayan calificado de errática una actuación que siembra la incertidumbre.

Cuatro días después de la decisión judicial nadie sabe a ciencia cierta las consecuencias que esta va a tener, si se van a devolver los importantes cobrados en nombre de unos aranceles declarados ilegales. Nadie acierta a predecir, tampoco, si el nuevo arancel del 15% se extenderá o no, más allá de los 150 días previstos por la ley, aprovechando resquicios legales que estudian los asesores del presidente.

Obviamente, este baile de cifras, acompañado de insultos a los jueces del Supremo -una institución decisiva en el equilibrio de poderes en la tradición norteamericana-, y de especulaciones sobre las posibles alternativas, no es el mejor camino para fomentar el crecimiento económico. Ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Ante tanta incertidumbre, es el momento de pedir claridad. «Claridad total» ha sido la expresión utilizada por la Comisión Europea, que expresaba su confianza en que EEUU cumplirá su acuerdo comercial mientras el Parlamento de Estrasburgo exigía paralizar su efectividad hasta evaluar la nueva situación.

Más allá del impacto que van a tener los nuevos aranceles de confirmarse su imposición unilateral por parte de EEUU, lo cierto es que la decisión del Tribunal Supremo constituye el revés más importante padecido por Trump desde su llegada a la Casa Blanca en su segundo mandato. Los jueces, mayoritariamente conservadores y alineados, hasta ahora, con las decisiones del presidente sobre cuestiones relativas a la política migratoria o la seguridad, le han recordado que la ley es la ley. En este caso, han desautorizado su pretensión de imponer aranceles sin consultar las cámaras y utilizando la Ley de Economía de Emergencia de 1977 que no le facilita poderes tan amplios. En ese sentido, la decisión del Supremo constituye un duro golpe para toda la agenda de Donald Trump, lo que explica la dureza con la que ha criticado al tribunal. Se trata, efectivamente de un freno al uso de la autoridad de la presidencia que Trump ha intentado legitimar con una política de hechos consumados que choca con la división de poderes.