El 23F ya no es materia reservada

El 23 de febrero de 1981 (23F) el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, fue la cara más visible del Golpe de Estado que se perpetró aquel día, al entrar en el Congreso de los Diputados -pistola en mano- al mando de unos 200 guardias civiles y mantener secuestrados en el hemiciclo -hasta las 12, 30 horas del día siguiente- al Gobierno y a los diputados. Y por ende, mantener «secuestrada» también a toda la ciudadanía española, temerosa y pendiente de lo que podría suceder en adelante, hasta que, a la una y cuarto de la madrugada del 24 de febrero, llegó el mensaje televisado del rey Juan Carlos I a la nación, que neutralizó definitivamente aquel bien planeado intento de revertir la voluntad de los españoles (expresada en el referéndum del 15 de diciembre de 1976), de vivir en democracia, y hacerlo de acuerdo a una Constitución, aprobada por el pueblo español en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.

El juicio por el Golpe de Estado, conocido popularmente como «tejerazo», comenzó el 19 de febrero de 1982 y el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó su sentencia el 3 de junio de aquel año, condenando a 30 de los 33 procesados (29 militares y un único civil, el ultraderechista Juan García Carrés). No obstante, hubo revisión de penas, por parte del Tribunal Supremo, para los sediciosos más destacados: el propio Tejero, el teniente general Milans del Bosch -que aquel 23 de febrero sacó los tanques a las calles en Valencia y decretó el Estado de Excepción en la región- y el general de división Alfonso Armada, quien se habría postulado ante Tejero para presidir un Gobierno de políticos, a lo que éste se negó tajantemente. Los tres fueron condenados, el 22 de abril de 1983, a 30 años de prisión.

Hasta el pasado lunes, 23 de febrero, aquel Golpe de Estado era (como lo fue Guinea Ecuatorial tras su descolonización, en 1968, hasta el final de la Dictadura de Franco), materia reservada. Pero justo ese día, en que se cumplía el casi redondo 45 aniversario del 23F -que también, como este año, cayó en lunes- el Gobierno de España anunció la desclasificación de documentos sobre aquel tan luctuoso como crucial acontecimiento en la memoria de la Transición.

Y más allá del evidente oportunismo político del Gobierno de Pedro Sánchez -por el momento sensible en que ha tomado la decisión-, esta desclasificación es una magnífica noticia, ya que ahondará en el conocimiento de nuestro pasado reciente, para cuyo estudio los historiadores se topaban con dos muros infranqueables: el primero, la Ley de Secretos Oficiales de 1968 (asombrosamente todavía vigente desde la Dictadura). Y el segundo, el de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, en la que se restringe el acceso a los expedientes que tengan menos de 50 años y a los que contengan datos personales «que afecten al honor o seguridad de personas vivas, o hasta 25 años después de su muerte».

Y estos dos muros para la investigación histórica del 23F, son los que ahora caen, al ser aprobada la desclasificación -el pasado 24 de febrero- mediante un acuerdo específico del Consejo de Ministros que, una vez publicado en el BOE (25 de febrero) se convierte en la llave maestra que abre los candados impuestos por las citadas leyes de 1968 y 1985.

Una sociedad democráticamente madura es aquella que es capaz de superar unida las adversidades y aceptar la verdad histórica sin confrontación ni resentimiento, superando la mirada política de la Historia, para contemplarla como el fiel equilibrado de una balanza, como ocurre con la Justicia. El 23F pertenece al pasado y es historia y desde esta perspectiva debe ser ahora estudiado e investigado. Sin olvidar que fue un acontecimiento que atentó directamente contra la soberanía nacional y el interés general de todos los españoles. Por eso, conocer la verdad histórica sobre aquellos sucesos es un derecho, cuyo efectivo ejercicio ha de superar la polarización, redundar en beneficio de la convivencia y contribuir a la cohesión social

Por todo lo anterior, desde el plano de la Historia, sería igualmente deseable que estas trabas cayeran también para el estudio de otros acontecimientos históricos relevantes de nuestra historia reciente, por más que sean menos atractivos que el 23F para el Gobierno, como -por ejemplo- las relaciones de España con Marruecos y el Sahara Occidental. A este respecto, sería deseable la aprobación, en el menor plazo de tiempo posible, de la Ley de Información Clasificada (pendiente de tramitación en el Congreso), que homologará definitivamente a España con los plazos estándares internacionales de desclasificación, especialmente los de la Unión Europea.