Un transporte público más justo para pensionistas

Hay decisiones administrativas que, con el paso del tiempo, dejan de ser neutrales y empiezan a producir injusticias. Es lo que ocurre cuando determinados criterios económicos se congelan durante años mientras la realidad social cambia a gran velocidad. Eso es exactamente lo que está sucediendo con los límites de renta para acceder a la bonificación del transporte público para personas jubiladas.

La propuesta de actualizar estos umbrales no es solo una cuestión técnica. Es, sobre todo, una cuestión de justicia que desde Zaragoza en Común llevaremos al próximo pleno para su debate y –esperamos– aprobación. Durante los últimos años, las pensiones han experimentado un aumento relevante. Este incremento responde a una lógica razonable: mantener el poder adquisitivo de las personas mayores en un contexto de inflación y de encarecimiento del coste de la vida. Sin embargo, ese mismo aumento ha generado una paradoja administrativa. Muchas personas jubiladas, que no son más ricas que antes y solo han visto su pensión ajustada para mantener su poder adquisitivo, han dejado de cumplir los requisitos para acceder a la gratuidad o bonificación del transporte público.

El problema no está en que las pensiones hayan subido. El problema es que los criterios para acceder a la ayuda siguen anclados en parámetros de hace casi una década. Cuando los límites se establecieron con referencias salariales de 2018, el contexto económico era otro: el salario mínimo era más bajo, el coste de la vida también y las pensiones medias estaban en niveles muy distintos. Mantener esos mismos umbrales hoy equivale a expulsar progresivamente a pensionistas del sistema de ayudas.

Actualizar esos límites es, por tanto, una medida de sentido común. También tiene que ver con el modelo de movilidad que queremos para nuestras ciudades. Fomentar el uso del transporte público es una de las herramientas más eficaces para reducir la contaminación, mejorar la movilidad urbana y construir ciudades más habitables. Si de verdad se quiere avanzar hacia ese modelo, hay que garantizar que el acceso al transporte público sea lo más universal posible, especialmente para colectivos que dependen de él en su vida cotidiana, y las personas mayores son uno de esos perfiles.

Para muchas pensionistas, el transporte público no es solo una alternativa cómoda al coche. Es, muchas veces, la única opción de movilidad. Permite acudir al centro de salud, participar en actividades sociales o simplemente mantener una vida autónoma. Un transporte público accesible contribuye directamente a combatir la soledad, favorece el envejecimiento activo y refuerza la cohesión urbana. Limitar ese acceso no solo es injusto desde el punto de vista económico, sino que también tiene consecuencias sociales.

A veces las políticas públicas más necesarias no son las más complejas, sino las que corrigen pequeñas injusticias. Esta es una de ellas. Y cuanto antes se solucione, mejor para la ciudad y para quienes la habitan.

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