La sombra de la corrupción: el caso Forestalia revive fantasmas del pasado en Aragón con las renovables

El caso Forestalia pasará a la historia como uno de los principales casos de corrupción que han afectado a Aragón a lo largo de este comienzo de siglo XXI. Aunque las presuntas conductas irregulares se encuentran todavía bajo investigación, los informes de la Guardia Civil apuntan a que la comunidad seguirá en el foco durante semanas, meses o quizá años a raíz de los registros ordenados por el juzgado de instrucción número 1 de Teruel, tanto en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid como en el domicilio familiar de su dueño, Fernando Samper, en una operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). El origen de la causa está en la posible manipulación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que se necesitan para dar vía libre a proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, unas autorizaciones que pudieron realizarse de forma irregular e incluso a través del cobro de comisiones. El caso salta de la escena autonómica, cuyo epicentro se encuentra en Forestalia y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), y se extiende más allá del territorio con un buen puñado de detenciones e implicaciones que llegan, por ahora, hasta el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, este no ha sido el único registro practicado a la firma aragonesa en los últimos meses, ya que en diciembre de 2025, la Unidad Centro Operativa (UCO), entró en las dependencias de la empresa por su presunta vinculación con la trama de Santos Cerdán.

Uno de los puntos en común entre el caso Forestalia y la Operación Molinos, una macroinvestigación policial y judicial que estalló en marzo de 2009 en el municipio de La Muela, es su origen: la expansión de las energías renovables en la comunidad aragonesa. Hace justo ahora 17 años, se destapó una de las grandes tramas de corrupción urbanística, encabezada por la alcaldesa María Victoria Pinilla y su entorno familiar, que consistió en la implantación acelerada de parques eólicos, lo que llevó a La Muela a liderar el ránking de los municipios más ricos de Aragón. Sin embargo, esa riqueza dio paso a pelotazos urbanísticos, recalificaciones y ventas de suelo, así como al cobro de mordidas en lo que ya es uno de los capítulos negros de la comunidad.

El gran aliado de la actividad económica es la confianza, un valor que cuesta demasiado conquistar pero que puede perderse en solo unos segundos

Hoy, las energías renovables han cobrado mayor protagonismo y ya no juegan un papel secundario en Aragón, ya que algunas de las principales inversiones empresariales están vinculadas a la puesta en marcha de parques eólicos y fotovoltaicos, un factor que reduce los costes de producción y eleva la competitividad. Es el caso de la implantación de algunos campus de centros de datos, así como la puesta en marcha de la gigafactoría de Figueruelas, liderada por CATL y Stellantis, cuya planta de producción de vehículos también está alimentada en su mayoría por energía renovable. Se trata de solo dos ejemplos ilustrativos.

Sombras de sospecha

El hecho de que las energías renovables se hayan convertido en una de las piedras angulares el desarrollo de Aragón obliga a las administraciones y a las instituciones a aportar transparencia, dar certidumbre y despejar cualquier tipo de duda respecto a iniciativas que, aunque nada tengan que ver con el caso Forestalia, necesitan blindarse de las sospechas. La inseguridad jurídica es uno de grandes enemigos de la actividad económica, que tiene interiorizado que la confianza cuesta tiempo conquistarla pero puede perderse en tan solo unos segundos.

A estas alturas y con la investigación en fase incipiente todavía, resulta complicado calibrar cuáles serán las implicaciones de la presunta trama del ‘caso Forestalia’, pero de lo que no hay duda es de que el Gobierno de Aragón tendrá que poner toda la carne en el asador para despejar cualquier atisbo de duda. Por lo pronto, la DGA ha decidido personarse en la causa, pero eso no es suficiente porque el foco está en el Inaga, un organismo cuyos protocolos de fallaron estrepitosamente en los anteriores Ejecutivos y del que dependen miles de tramitaciones y autorizaciones.

El caso Forestalia, la Operación Molinos y el caso Plaza ya forma parte del sumario de la corrupción en Aragón. El viento, el sol y la ubicación geográfica han abierto enormes ventanas de oportunidad para una comunidad que no puede permitirse el lujo de sufrir más daños en su reputación.

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