León y Castilla

Dentro de unos días será 14 de abril, muy conocido en España como el día de la república. Para ser más exactos deberíamos decir día de la Segunda República ya que hubo otra anterior. Tras las elecciones municipales de dos días antes, en 1931, se produjo en muchas localidades un verdadero furor favorable al fin de la monarquía y a la declaración de una república. El rey Alfonso XIII abandonó España por el puerto de Cartagena, lo que debemos entender como una abdicación de facto, tras aceptar los sensatos consejos de personas influyentes y con acceso al monarca, como el conde de Romanones y el doctor Marañón, y tras comprobar la inacción de los militares (Sanjurjo, Mola, Marzo) que podrían haber intervenido en defensa de la monarquía y que no lo hicieron. Fue una buena decisión, una de las pocas afortunadas que tomó este rey en sus muchos años en el trono.

En 1873, concretamente el 11 de febrero, se proclamó en nuestro país la república, también tras la abdicación del rey, Amadeo de Saboya, que apenas duró dos años en el trono y que se marchó harto de soportar el ninguneo de importantes políticos, como el entonces primer ministro Manuel Ruíz Zorrilla. La Primera República nunca llegó a aprobar una constitución, aunque la redacción de una posible sí se llegó a concluir, pero nadie se atrevió, en momentos muy convulsos, a intentar recorrer el camino necesario para su entrada en vigor.

En ese texto se define a España como estado federal y se concretan los estados que la integrarán y que, según el primero de los artículos de aquel proyecto, son los siguientes: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Regiones Vascongadas; y en el artículo segundo se especificaba que las Islas Filipinas, de Fernando Póo, Annobón, Corisco y los establecimientos de África, componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a estados por los poderes públicos.

La Segunda República sí tuvo constitución, de 9 de diciembre de 1931. No siguió el modelo territorial de la primera, ya que no declaró a España como federal, pero sí reguló una organización de posible descentralización que definió en el primero de sus artículos como integral y cuyo desarrollo se hizo en otros preceptos, especialmente en el octavo y siguientes. A diferencia del proyecto de 1873 aquí no se definían los territorios que integrarían ese estado integral, dejando a un desarrollo futuro las regiones con régimen de autonomía. Estando vigente esta constitución, antes del 18 de julio de 1936 solo Cataluña llegó a tener un estatuto, de fecha 9 de septiembre de 1932; ya en plena guerra civil el País Vasco tendría el suyo, de fecha 10 de octubre de 1936; Galicia no llegó a tener estatuto, solo había iniciado el camino en un referéndum celebrado el 18 de junio de 1936.

Nuestra constitución vigente sigue, en lo territorial, el modelo de la de 1931, dejando para el futuro la concreción de que territorios se convertirían en Comunidades Autónomas. El mapa, por tanto, estaba por dibujarse. A fecha de hoy tenemos 17 CCAA y dos ciudades autónomas, y el diseño se ha ido concretando en muchos años y pudo ser otro distinto.

El domingo 15 de marzo se han celebrado elecciones autonómicas en Castilla y León. A diferencia de Castilla la Mancha, cuyo nombre indica bien a las claras que es un todo, en Castilla y León la presencia de la «y» evidencia que se trata de dos partes, unidas pero diferentes, lo que quedó muy claro en el camino de elaboración de su estatuto. Históricamente el Reino de León ha tenido un importante peso en el devenir de nuestro país. La UNESCO ha declarado a las Cortes de León de 1188 como un precedente real de los actuales parlamentos democráticos, lo que concede a los leoneses una importante legitimidad para querer constituirse como Comunidad Autónoma diferenciada.

Este peso histórico no es decisivo ya que son los representantes de los ciudadanos quienes tuvieron en sus manos el poder crear las actuales 17 CCAA o bien otras distintas. La ley orgánica 4/1983, de 25 de febrero, es la que contiene el estatuto actual, tras varias reformas, la última de 11 de abril de 2011, y es ahí donde queda unida una parte de la antigua Castilla la Vieja (menos la Rioja y Cantabria) con León. Una parte de los municipios del antiguo reino iniciaron el camino para no estar en CyL, pero fracasaron y un grupo de senadores conservadores presentaron recurso de inconstitucionalidad con el mismo objetivo y tampoco lo consiguieron.

Los argumentos del Tribunal Constitucional son muy claros, la legitimidad histórica (en este caso y otro similar con Segovia) no da opción ante el proceso estatutario: son los parlamentarios los que terminan por aprobar la norma básica de una CA. Yo creo que León tiene más legitimidad que otros territorios (el error de crear la CA de Madrid es más que evidente) para haberse convertido en CA, pero el camino es casi irreversible. En las Cortes de Castilla y León nacidas en las elecciones recientes hay un partido político que quiere mantener viva esa llama, pero sus resultados no parecen darles la fuerza necesaria, un total de 3 procuradores, solo en la provincia de León, en una cámara de 82.

Suscríbete para seguir leyendo