¿Cuántas más hasta que cubramos las vacantes?

Zaragoza se ha despertado esta semana con el eco de unos disparos que nos devuelven a la cruda realidad y es que la violencia machista no es una estadística lejana, es un vecino apretando un gatillo en nuestra propia calle. 14 mujeres asesinadas en lo que va de año; más de 1.350 desde que empezamos a contar en 2003. Es una lacra que no logramos atajar porque, mientras nos llenamos la boca con minutos de silencio y lazos morados, la primera línea de batalla (nuestros policías y guardias civiles) está luchando con las manos atadas y los recursos bajo mínimos.

La radiografía de la violencia en Aragón es desoladora, pero la de los recursos públicos es, sencillamente, una negligencia. No podemos pedirle a un agente de las unidades Ufam que garantice la vida de una mujer cuando tiene a su cargo a más de cien víctimas simultáneas. Es matemáticamente imposible. La seguridad de una persona en riesgo no puede depender de un funcionario desbordado que hace lo que puede en una situación límite. Estamos hablando de que un 30% de las plazas de especialistas en violencia de género quedan desiertas. Nadie quiere estar en el ojo del huracán sin medios, sin refuerzos y con la responsabilidad de que un error de cálculo termine en un funeral.

El problema no es nuevo ni exclusivo de Aragón. Comunidades como Andalucía o la Comunidad Valenciana llevan años denunciando las mismas carencias, y el patrón se repite con una regularidad que ya no admite excusas de rodaje ni de transición administrativa. Cada cambio de gobierno recicla el discurso, pero los presupuestos destinados a protección real apenas crecen por encima del IPC. Mientras tanto, los informes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género acumulan polvo en los cajones de los ministerios, señalando año tras año las mismas grietas: falta de coordinación entre cuerpos policiales, ausencia de protocolos unificados y una brecha insalvable entre las órdenes de protección dictadas y los medios para hacerlas cumplir.

A esto hay que sumarle el fracaso sistémico previo a cualquier tecnología. El problema no empieza cuando la pulsera falla, empieza cuando la pulsera nunca llega. Mujeres que han denunciado, que tienen miedo fundado, que esperan una resolución judicial mientras el reloj corre en su contra. La burocracia tarda más en activar una orden de protección que el agresor en volver a llamar al timbre. Y cuando finalmente existe un dispositivo, zonas de sombra y fallos de cobertura convierten ese supuesto escudo digital en una promesa rota. Si el sistema no llega a tiempo y el agente está saturado, ¿qué le queda a la víctima? Le queda el miedo y, en el peor de los casos, el destino fatal que acabamos de ver en Zaragoza.

Llevamos décadas intentando dar con la tecla, pero quizás la tecla no sea solo educativa o judicial, sino de inversión real. No se puede proteger la vida con presupuestos de ficción. Mientras la protección de las mujeres siga siendo una medalla que colgarse en los discursos pero una partida raquítica en los presupuestos, seguiremos contando víctimas.

La paradoja es que los datos nos dan una pista de por dónde va el camino. España registra una de las tasas de violencia de género más bajas de la Unión Europea, con dos víctimas por cada millón de habitantes, muy por debajo de países como Letonia o Lituania. Esa tasa además ha descendido un 39,5% si lo comparamos con 2003, lo que demuestra que la legislación y las políticas públicas funcionan cuando se aplican con coherencia. El problema no es que no sepamos qué hacer, el problema es que sabemos exactamente qué hacer y elegimos no financiarlo. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aplaudido como un hito histórico en 2017, pero las medidas que requerían reforma legislativa profunda y tocar el Código Penal siguen enquistadas en la parálisis parlamentaria casi una década después.

Las leyes están en el papel, pero la seguridad se construye con patrullas, con especialistas que no tengan que elegir a quién atender hoy y con tecnología que llegue antes de que sea demasiado tarde. De nada sirven los 1.350 lamentos si no somos capaces de cubrir las vacantes de quienes deben evitar el 1.351. Disfruten de la retórica política, mientras tanto, en alguna calle de nuestra ciudad, otra mujer espera una llamada del juzgado que nunca termina de llegar.

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