Chapuzón del PP con las piscinas de Zaragoza

Parece increíble que en los tiempos que corren la Administración pública sea capaz de recurrir a una herramienta como la de la orden de continuidad para que un servicio que se considera esencial se siga prestando a pesar de que, a todas luces, a los máximos responsables de la gestión se les haya olvidado que este contrato caducaba, que ha agotado todas las prórrogas posibles y que podrían verse abocados al cierre de unas instalaciones públicas que utilizan a diario miles de ciudadanos. Me refiero a la contrata que gestiona los accesos a las piscinas municipales y los socorristas de las de verano, que ha amenazado con dejar de prestar el servicio en las del Alberto Maestro, Tenerías y Palafox a partir del 1 de mayo, con la campaña de verano a la vuelta de la esquina, en solo dos meses, y con otros pabellones en cartera que caducan este año como los del Pepe Garcés o del Siglo XXI...

Lo siento pero todavía hoy no conocemos la explicación de por qué ese contrato no ha salido a licitación hace meses, sabiendo que los plazos estaban marcados. Y hoy el debate tiene que ser si la empresa tiene derecho a abandonar el servicio porque no le renta, o más bien porque parece que quiere sacar más tajada de ese negocio, o si la ley le permite a un ayuntamiento imponerle que se tiene que quedar como sea. Y además motivarlo con el argumento de que es un servicio esencial, que ellos han sido los primeros que no han cuidado ni garantizado.

Será casualidad pero el concurso público de esta contrata se lanzó días después de que este diario hiciera público este despropósito, más de un mes después de que la contrata notificara que hasta aquí había llegado y que se marcharía, un escrito al que no se le hizo caso. Pero además, si se atiende a lo que la Ley de Contratos marca para esta herramienta excepcional, hay dos aspectos clave que veremos cómo juegan a partir de ahora para el ayuntamiento: el primero, que cabe recurso, y si la empresa tensa la cuerda, o incluso judicializa esta orden, ya veremos cuándo y cómo se resuelve; y el segundo, que estas órdenes de continuidad se aprueban y motivan antes de sacar a concurso la nueva contrata y cuando se tiene constancia fehaciente de que la adjudicación no llegará a tiempo.

Pero nada importa porque como el servicio es esencial, se da por zanjado el asunto desde el momento en que se dicta la orden. Y ninguna responsabilidad política de la chapuza administrativa, ni voluntad de hacer autocrítica. Ni mención a las consecuencias para los 50 trabajadores que sufrirán un erte por este lapsus. Porque el que paga manda, aunque mande mal y a destiempo. Señora alcaldesa, o pide explicaciones a sus responsables o los ciudadanos se las pedirán a usted.

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