El silencio que se paga

Este mes de abril, Jaca acoge el Congreso Pirenaico Canal Roya 2026. Entre las entidades colaboradoras figuran varios clubes de montaña de Aragón, la Federación Riojana de Montañismo y la Federación Aragonesa de Espeleología. La ausencia de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) es una declaración en sí misma.

A principios de 2023 se presentó el plan de unir las estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya con fondos europeos, sometidos a la exigencia de no causar un daño significativo al medio ambiente. Mientras numerosas organizaciones levantaban la voz en contra, la FAM no lo hizo. Su respuesta fue de una ambigüedad calculada y un incumplimiento claro de sus Estatutos. Recordemos que los valores naturales de Canal Roya motivaron en 2006 el inicio del procedimiento para declarar el Parque Natural del Anayet-Partacua, impulsado con apoyo de la propia FAM de entonces.

El Gobierno de Aragón, que desde 2007 viene incumpliendo la obligación inexcusable de resolver ese procedimiento, manifestaba en 2023 que el proyecto de unión de estaciones cumpliría con todos los trámites legales, entre ellos el de la evaluación ambiental por el Inaga. Ahora empezamos a conocer cómo se ha venido presionando a los técnicos de ese organismo en la emisión de informes sobre proyectos de energías renovables, y hasta qué punto los informes del Inaga han venido pretendiendo ser la excusa para el todo vale cuando interesa a alguien.

El proyecto terminó parándose, por el momento, por la presión social. Pero la posición de la FAM sigue sin explicarse con claridad. Para entenderlo hay que seguir la pista del dinero.

Por ejemplo, desde 1999 el Gobierno de Aragón suscribe un convenio de colaboración con la FAM para financiar la campaña Montaña Segura. El convenio de 2026 asciende a 360.000 euros. El Gobierno de Aragón aporta el 97% de esa cantidad. La FAM es el beneficiario único. La FAM está obligada por las leyes de transparencia a publicar esa información en su página web. No lo hace. El dinero fluye, pero la opacidad se mantiene.

No hay nada ilegal en recibir financiación pública para una campaña de seguridad. El problema es lo que esa dependencia permanente puede producir en términos de independencia. Una organización que recibe el 97% de los fondos de un convenio de una sola fuente no está en condiciones de incomodar a esa fuente. No hace falta ninguna amenaza explícita. La dependencia financiera genera autocensura de forma espontánea y racional.

Además, la FAM mantiene vínculos institucionales con el ecosistema de empresas públicas del Gobierno de Aragón que operan en el sector turístico de la montaña. Esos vínculos crean lo que en derecho se llama un conflicto de interés: una situación en la que quién debería hablar en nombre de un colectivo tiene razones personales o institucionales para no hacerlo, o para hacerlo en un sentido distinto a los intereses propios de ese colectivo. No hace falta que nadie tome una decisión consciente de callar a cambio de dinero. Basta con que la estructura de incentivos haga que callar sea lo más cómodo, lo más seguro y lo más rentable. Cuando esa estructura se instala, el silencio se vuelve sistémico.

En el convenio Montaña Segura una parte significativa del dinero, dedicada a la comunicación y publicidad institucional, financia lo que son prestaciones de servicios cuya contratación debería realizarse con arreglo a los principios y la normativa de contratación pública, respetando especialmente los principios de transparencia, publicidad, igualdad de trato y no discriminación. Canalizar esas prestaciones a través de un convenio con la FAM elude ese cauce, y concentra esas prestaciones en una asociación privada sin que la elusión de la competencia esté justificada. Nadie recurre ante los tribunales porque el cálculo es sencillo: un contencioso administrativo tarda años, cuesta dinero y no garantiza nada. Por eso el sistema se perpetúa.

Este no es un problema exclusivo de la montaña aragonesa. Es el mecanismo general por el que los partidos en el poder colonizan el tejido asociativo, deportivo, cultural y social: no es mediante la coacción, sino mediante la dependencia financiera. Se subvenciona a quienes no molestan y se deja sin financiación a quienes lo hacen. Con el tiempo, las organizaciones aprenden la lección sin necesidad de que nadie se la explique. El resultado es una sociedad civil que funciona como correa de transmisión del poder en lugar de como contrapeso. El silencio gana.

Y se enquista un modelo enfermizo de gestión de las administraciones públicas: clientelismo, endogamia, arbitrariedad... Es un problema de gobernanza. No se gestiona mal por incompetencia de los técnicos, sino porque las instituciones han sido tomadas como parte del botín electoral.

En el Congreso Pirenaico Canal Roya 2026 se reflexionará sobre la protección de este entorno. La FAM no estará. Debe tener una agenda muy ocupada gestionando los 360.000 euros que van a recibir del Gobierno de Aragón.

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