Dos años de castigo a Aragón

Aragón encadena ya dos ejercicios consecutivos sin presupuestos. No es una anomalía menor ni un debate técnico reservado a especialistas: es un lastre estructural que compromete el presente y, sobre todo, el futuro de la comunidad. Sin cuentas públicas actualizadas, no hay planificación posible, no hay capacidad inversora real y no hay certidumbre para ciudadanos, empresas e instituciones.

La situación no es nueva. Ocurrió en 2025 y todo apunta a que volverá a suceder en 2026. Dos años perdidos en términos de impulso económico y de ejecución de políticas públicas. Dos años en los que Aragón ha tenido que conformarse con prórrogas presupuestarias que, por definición, miran al pasado y no responden a las necesidades del presente. Y detrás de esta parálisis hay una responsabilidad política clara: la dinámica de bloqueo permanente impulsada por Vox.

Se podrá argumentar que existen negociaciones en marcha dentro del actual pacto de gobierno entre PP y Vox. Pero incluso en el mejor de los escenarios, la realidad administrativa es tozuda. Elaborar un proyecto de ley de presupuestos requiere tiempo; tramitarlo en las Cortes de Aragón implica abrir periodos de enmiendas, debates y votaciones; y, una vez aprobado, su ejecución efectiva no es inmediata. Traducido a calendario: aunque hoy se alcanzara un acuerdo, el margen real para ejecutar inversiones en 2026 sería prácticamente inexistente. Mientras tanto, Aragón sigue perdiendo oportunidades. La falta de presupuestos limita la capacidad inversora, retrasa proyectos estratégicos y reduce la eficacia de los servicios públicos. No se trata solo de grandes infraestructuras; también afecta a políticas educativas, sanitarias o sociales que requieren estabilidad y previsión.

En este contexto, sorprenden decisiones como la concertación del Bachillerato anunciada por un Gobierno en funciones. Más allá del debate de fondo sobre el modelo educativo, cabe preguntarse si es el momento y si existe respaldo jurídico suficiente para adoptar medidas de ese calado. Hablamos de compromisos económicos importantes que, aunque se planteen en términos plurianuales, nacen sin el soporte de unos presupuestos vigentes y en un escenario de interinidad política.

No es, sencillamente, el momento adecuado. Aragón necesita justo lo contrario: estabilidad, rigor y capacidad de planificación. Necesita presupuestos reales, no promesas a destiempo ni decisiones discutibles.

La política debería servir para construir, no para bloquear. Pero lo que vemos es una utilización del poder institucional como herramienta de presión que termina perjudicando a toda la ciudadanía. Dos años sin presupuestos no son un accidente: son el resultado de una estrategia. Y lo paga Aragón.

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