Aragón, un pacto aún más extremo

El pacto alcanzado entre María Guardiola y Vox en Extremadura para lograr la investidura y cuatro años de gobierno ha encendido el debate en toda España sobre los límites que se marca el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para sostener el poder en las comunidades autónomas en las que, como Aragón, no le queda más remedio que mecerse en los brazos de la ultraderecha.

La estrategia del líder nacional de adelantar las elecciones por el bloqueo a los presupuestos de 2026, e intentar conquistar la mayoría absoluta a costa de un PSOE que se desangraba con la mayor crisis que ha padecido el Gobierno de Pedro Sánchez en España, lo único que consiguió en Extremadura y Aragón debilitar a su propio partido, otorgarle más peso a la extrema derecha y abrir la puerta a condiciones más duras que las que esta impuso en 2023.

Y este es el resultado de su jugada: firmar un acuerdo que ha sobrepasado todos los límites, sobre todo los más esenciales de la política, como son la defensa de los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable. Pero dos palabras están centrando todo el debate: prioridad nacional.

¿Qué hay detrás de esta exigencia? ¿Cómo se va a llevar a cabo? El partido de Abascal ya lo anticipó hace unas semanas cuando su líder dijo que habrá que tomar decisiones «aún más difíciles» cuando gobiernen. Quizá se refería al momento en el que puedan derrocar, siempre juntos con el PP, al sanchismo en La Moncloa, pero la realidad es que es una máxima que parece querer exportar a todas las autonomías. Y es que la inmigración es su objetivo prioritario y Génova ordena que se le compre el discurso para mantener el poder, a líderes como la extremeña Guardiola o el aragonés Jorge Azcón, que salió de las urnas mucho más debilitado que ella.

Ahora a los de Feijóo les toca plegarse a los deseos de unos ultras que se ven más fuertes y que están consiguiendo arrimar el discurso del PP hasta rozar juntos la ilegalidad. Ayer mismo ponía este grito en el cielo la propia Isabel Díaz Ayuso al ser preguntada por este concepto de prioridad nacional que está íntimamente relacionado con la concesión de subvenciones y ayudas a los que han nacido fuera.

La Constitución y la ley es de obligado cumplimiento para todos y dice lo que dice, por eso quizá se recurre a una terminología que parece apuntar a lo que no se atreven ni ellos mismos a pronunciar. Se podría decir lo mismo de otra que ya están empleando en los pactos de nuevo cuño, la desregulación. ¿Qué es para ellos eso y en qué se va a traducir? Los ciudadanos merecen más claridad, especialmente aquellos que mayoritariamente les otorgaron su confianza para que se pusieran de acuerdo. Han tenido más de dos meses para hacerlo en Aragón, esperemos que si se incluyen en su pacto, sean más atrevidos que el PP y Vox extremeños.

Porque, para Aragón, la gravedad del acuerdo de Extremadura es que este pacto da más alas a Vox y solo 24 horas después le recordó a Azcón que a él le exigirán más. Más concesiones, más consejerías, más sacrificios... Si nos atenemos a los dicho en el pasado, al menos el aragonés ya se autoimpuso públicamente un límite: cumplir la ley. Pero aún no se sabe hasta dónde está dispuesto a llegar él, en primera persona, y hasta dónde quiere llevarle la ultraderecha. Lo único que ha quedado claro es lo que está dispuesto a tragar Génova y Feijóo, que es el quien les ha llevado, forzando unas elecciones anticipadas, a Guardiola y Azcón a este límite que está más lejos que el que había en 2023.

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