La inmigración, una oportunidad para Aragón

El dato debería matar al relato, pero en los últimos tiempos parecen tener más credibilidad las opiniones basadas en bulos que los hechos. El fenómeno de la inmigración es una de las víctimas (no es la única) de esta realidad en la que juega un papel fundamental el auge de las redes sociales, el avance de la extrema derecha y el consumo compulsivo de contenidos, que, en algún caso, llega a sonrojar a cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos del mundo en el que vive. Esta semana ha comenzado el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes que, en el caso de Aragón, puede beneficiar a entre 15.000 y 17.000 personas que viven en la comunidad pero que también trabajan para contribuir al avance cotidiano de la sociedad en la que se han integrado.

El proceso de regularización más relevante en España tuvo lugar en el año 2005 cuando el Gobierno de Zapatero legalizó a unas 600.000 personas. Desde entonces han pasado más de dos décadas y un reciente estudio de la escuela de negocios Esade, elaborado por el catedrático de Economía, Joan Monras, y el economista Javier Vazquez-Grenno, refleja los efectos positivos que aquella medida provocó. No solo no se produjo un «efecto llamada» sino que elevó la recaudación alrededor de 4.000 euros por trabajador. Tampoco tuvo un impacto importante en el gasto público en sanidad y educación, ni originó una reducción de los salarios de los trabajadores españoles. La integración de migrantes ha sido también un factor positivo, sobre todo para combatir la despoblación, elevar la demografía, que es sinónimo de desarrollo en un país cuya tasa de natalidad no deja de menguar.

Los datos de la Seguridad Social muestran que, desde la puesta en marcha de la reforma laboral, España cuenta con 800.000 extranjeros afiliados más, una cifra que se eleva a casi un millón que antes de la pandemia. Hoy, los migrantes que trabajan en el país superan los 3,1 millones, es decir, el 14,1% de los cotizantes. Además, casi el 80% de los nuevos autónomos no son españoles de origen. La pregunta es: ¿es imaginable un futuro sin inmigración?

El pacto entre el PP y Vox en Extremadura, que podría ser un calco de lo que se suceda en Aragón, va en la dirección contraria de lo que necesita la comunidad

En el caso de Aragón, donde el 18% de la población es extranjera, los efectos positivos de su incorporación a la población es todavía mayor. La comunidad afronta un lustro de cambio radical en su economía, con el desarrollo de inversiones que estratégicas en un buen puñado de sectores que impulsarán la generación de riqueza y empleo en un territorio que, sin embargo, está huérfano de relevo generacional y de fuerza laboral. Todos los partidos políticos, excepto Vox, han reconocido la necesidad de incorporar población de fuera de Aragón para dar respuesta a los desafíos que hay por delante. Opinan lo mismo los empresarios, los sindicatos y las instituciones en un momento en el que, además, el medio rural necesita esperanza. Los datos que avalan estas reivindicaciones son los siguientes: la inmigración genera un superávit fiscal de 500 millones en la comunidad y está en la base del crecimiento de la población en las últimas dos décadas, según un riguroso estudio elaborado por la Fundación Basilio Paraíso. Además, un migrante más consume apenas un 0,12% de los recursos sanitarios y un 0,86% de los educativos, pero su aportación a la ‘hucha común’ es mayor.

Uno de los retos del proceso de regularización es que la administración esté a la altura de las circunstancias a la hora de reforzar los servicios que permitirán tramitar las miles de solicitudes y ser capaces de integrar como sociedad a una población que llega, en su inmensa mayoría, para aportar. Pero para ello es preciso que la política apuntale el progreso de Aragón. El reciente pacto entre PP y Vox en Extremadura, que podría ser un calco de lo que se acuerde en Aragón, va en la dirección contraria. El partido de Abascal ya ha avisado de que exigirán más a Azcón que a Guardiola por su «mejor resultado» electoral en Aragón.

La «prioridad nacional» en temas tan relevantes como el reparto de ayudas con preferencia para nacionales con un arraigo mínimo de 10 años no solo es cuestionable desde el punto de vista constitucional sino que se trata de un retroceso a los años más oscuros. Es solo la punta del iceberg de un pacto en ciernes en Aragón que, de aplicarse tal y como está redactado en Extremadura, puede dinamitar uno de los pilares del desarrollo de la comunidad, que no es otro que la llegada de migrantes. Sería una oportunidad perdida.