Zaragoza frente al populismo

El pasado domingo 12 de abril, Hungría habló claro. Péter Magyar logró una victoria histórica que pone fin a 16 años de poder de Orbán con una participación récord, inédita desde la caída del comunismo. El mensaje europeísta caló especialmente entre votantes jóvenes y urbanos, los sectores donde el rechazo al populismo era más intenso. Como ya ocurrió en Francia hace un mes, fue en las ciudades donde los vientos democráticos soplaron más fuertes.

Alain Cluzet, en su ensayo La ciudad frente al populismo, advierte de que la corriente populista no asalta las instituciones desde fuera: las vacía desde dentro, presionando a quienes sí gobiernan para que abandonen principios comunes. Zaragoza no escapa a esa lógica. Vox no gobierna formalmente la ciudad, pero lleva meses tomando el control de quienes sí lo hacen. Y eso tiene consecuencias.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es el último ejemplo. Una medida obligatoria por ley y avalada por la ciencia, que protege nuestra salud y alivia nuestro bolsillo mediante importantes descuentos al transporte financiados por el Gobierno de España. Una gran mejora que Vox lleva meses presionando para que no se materialice: que se rebaje, que se retrase, que se vacíe. El argumento es el de siempre: que es una medida ideológica, que ataca a la ciudadanía. Si Zaragoza acaba sin ZBE por esa presión, Vox habrá gobernado Zaragoza sin haberla ganado.

El segundo frente es la inmigración. Tras hacerse eco de las demandas de los sectores sociales y respondiendo a una Iniciativa Legislativa Popular con amplísimo respaldo, el Gobierno de España acaba de poner en marcha un proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas extranjeras que ya viven y trabajan aquí. Con el objetivo moral y económico de que puedan vivir con los mismos derechos y obligaciones, y de responder a una realidad que tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía. La evidencia empírica muestra que las regularizaciones generan efectos positivos: la de 2005 mejoró la integración laboral e incrementó la recaudación fiscal. Hoy, con unas cifras récord de 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, y un desempeño económico a la cabeza de Europa, necesitamos el impulso de las personas migrantes –que ya suponen el 14,1% del total de cotizantes– para seguir creciendo y revitalizando nuestra sociedad.

El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, ha preferido hacer seguidismo del relato de Vox antes que gestionar esa realidad. Una institución que tiene serias obligaciones pendientes en materia de vivienda y servicios sociales –reiteradamente incumplidas y envueltas en ruido– no debería cuestionar una regularización que reduce vulnerabilidad, saca personas de la economía sumergida y las convierte en contribuyentes y vecinos de pleno derecho. Hungría da una patada al populismo de corte xenófobo y autoritario de Orbán en la misma semana en que numerosos colectivos de Zaragoza denuncian la estrategia municipal de esconder el sinhogarismo cerrando el Parque Bruil y restringiendo el uso de nuestro espacio común.

Si en el cambio climático y la inmigración la huella del populismo es evidente, hay un tercer ámbito, el tecnológico, donde actúa de forma más sutil e invisible. La celebración del evento The Wave suponía una oportunidad para profundizar en las implicaciones sociales, democráticas y éticas de la aceleración tecnológica que vivimos. Sin embargo, al analizar su programa, se echa en falta una mayor presencia de miradas críticas. ¿Cómo puede la IA combatir la desigualdad, la pobreza estructural o el problema de la vivienda? ¿Dónde queda la ética frente a los bulos y la desinformación? ¿Y el filtro democrático a los algoritmos que alimentan la polarización y el discurso de odio que partidos como Vox inoculan en las instituciones?

Lo que las principales ciudades de Hungría nos recuerdan esta semana es que la sociedad gana cuando las ciudades se plantan. Su «sí a Europa» lleva implícito reforzar la ciudad como espacio de derechos. Zaragoza también tiene esa oportunidad. Pero requiere lo que Cluzet exige a cualquier gestor urbano: coraje para no ceder. La ciudad no se defiende sola y el deber de todo gobernante es velar para que ciertos principios comunes básicos no se abandonen.

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