Gobernar bajo la ambigüedad

El reciente pacto entre PP y Vox en Aragón se presenta bajo un eje discursivo tan contundente como difuso, la prioridad nacional. Una expresión de apariencia inequívoca que, sin embargo, encierra una notable ambigüedad semántica, y sino que pregunten a Feijóo, Ayuso, Moreno Bonilla o Garriga. La polisemia del concepto no es un defecto accidental, sino una herramienta política eficaz importada de Francia o Estados Unidos, porque todos están en línea y que permite aglutinar sensibilidades diversas mientras desplaza el foco del debate hacia un terreno emocional.

En ese desplazamiento reside buena parte de su utilidad. Mientras la conversación pública se enreda en interpretaciones sobre identidad o soberanía, quedan en un segundo plano cuestiones mucho más tangibles como la calidad de la sanidad, en huelga, la situación de la educación pública, con paros el próximo mes, la financiación de la dependencia o el estado de las infraestructuras. No es que estos temas desaparezcan, pero pierden centralidad frente a un marco narrativo que apela a agravios y jerarquías de pertenencia difíciles de concretar en indicadores verificables.

La prioridad nacional funciona, así como una cortina de humo que reordena las prioridades del debate sin necesidad de determinar los recortes o las limitaciones. No se trata tanto de negar la importancia de lo público, sino de diluir la exigencia de rendición de cuentas. Cuando el eje se sitúa en lo identitario, la evaluación de la gestión se vuelve secundaria, casi técnica, frente a un relato que interpela directamente a las emociones del electorado.

Este tipo de estrategia no es nueva, solo incide de nuevo en el camino abierto por el populismo internacional actual. La prevalencia de la opinión sobre la información hace que todo sea cuestionable, y cada uno atrape la versión que más le guste. Prioridad nacional es, en ese sentido, un lema perfecto, breve, parece contundente y, sobre todo, adaptable. Puede significar protección económica, control migratorio, defensa cultural o recentralización competencial, según convenga en cada momento. Esa flexibilidad permite evitar compromisos concretos mientras se mantiene una apariencia de coherencia ideológica.

El riesgo de este enfoque es doble porque empobrece el debate público al sustituir la discusión sobre políticas por una disputa sobre significantes. Y por otro debilita los mecanismos de control democrático. Si no hay medidas claras, tampoco hay criterios claros para evaluar su éxito o fracaso. La política se desplaza del terreno de la gestión al de la narrativa, como ya lo hicieron antes las campañas electorales, donde se impone el relato, y en ese tránsito, la rendición de cuentas pierde fuerza.

Suscríbete para seguir leyendo