Pacto PP-Vox: un paso atrás para Aragón

El pacto de Gobierno alcanzado entre el PP y Vox supone un punto de inflexión para Aragón, una comunidad que siempre se ha caracterizado por su capacidad para acoger, ser inclusiva, llegar a consensos a la altura de los retos que tiene por delante y establecer una senda para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, el acuerdo sellado este miércoles genera dudas e incertidumbre sobre la estabilidad de un Ejecutivo autonómico en el que la incomodidad de los dos partidos que lo conforman parece ser el único común denominador. La comparecencia de ambos líderes en las Cortes es el mejor síntoma –a tenor de su lenguaje gestual– de que el pacto está cogido con alfileres y puede suponer un paso atrás para Aragón si se cumple en todos sus términos, a pesar de que Jorge Azcón reiteró en su comparecencia que todas las medidas del acuerdo, que consideró «bueno», «cumplirán con el principio de legalidad».

La inclusión del concepto de «prioridad nacional», impuesto por Vox, supone la vulneración del principio de igualdad y se traduce en la aplicación de «restricciones», según se encargo de recalcar Alejandro Nolasco, en materias como el acceso a la vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones, para aquellos que no tienen nacionalidad española. En una comunidad que necesita luchar contra la despoblación, cubrir puestos de trabajo vacantes en sectores estratégicos y avanzar en la cobertura sanitaria, educativa y de los servicios sociales, esta circunstancia es una contradicción en sí misma.

El pacto sellado entre los dos partidos de la derecha supone un punto y seguido respecto al alcanzado recientemente en Extremadura, que también tendrá consecuencias desde la perspectiva medioambiental (contraria a los postulados contra el cambio climático), energética (posturas enfrentadas sobre las renovables) y económica (bajadas de impuestos en un momento en el que se acaban los fondos europeos). Todo ello sin olvidar los efectos que provocará en las oenegés y los agentes sociales, entre otros, que verán reducidas sus ayudas. A ello se añaden las turbulencias que pueden cambiar el clima de estabilidad política que ha caracterizado a Aragón en las últimas décadas y que ya se evidenciaron tras la salida de Vox del anterior Ejecutivo antes de cumplirse el primer año de legislatura. La imposición de los postulados de la ultraderecha, más allá de las obligadas cesiones en puestos y carteras tras ver duplicados sus votos el 8 de febrero, puede convertirse en un campo de minas. Solo dos cosas lo pueden impedir, que el partido de Abascal entienda que el futuro de Aragón está por encima de sus intereses o que el PP de Azcón asuma las tesis de Vox. Si se cumple este último escenario, a los populares, además de ir en contra de su ADN, puede conducirles a la pérdida de confianza por parte de su propio electorado más fiel.

El camino emprendido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comenzó con una estrategia errónea al convocar un carrusel de comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, que se tradujo en un serio revés para las aspiraciones del PP de Azcón la noche del 8 de febrero tras perder dos escaños y quedar más en manos de Vox que nunca. Este error de cálculo, sin embargo, puede ser solo una anécdota tras conocer el contenido de los últimos pactos en los Gobiernos autonómicos que Génova ha establecido como hoja de ruta de aquí hasta las elecciones generales. El tiempo juzgará.