Tomasa Hernández

Tomasa Hernández, consejera de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno de Aragón, es sin duda el cargo público más desconocido del ejecutivo del PP. Sin embargo, la consejera inadvertida y silenciosa se va a despedir con el mayor daño a la escuela pública de los últimos años.

Ya se ha anunciado que el Gobierno de Aragón en funciones implantará la concertación en el Bachillerato por primera vez a partir del próximo curso. Es decir, el coste de aplicar esta medida en Primero y Segundo de Bachillerato alcanzará los siete millones de euros, que irán a la concertada (centros privados) en detrimento de la escuela pública.

Y llega de la mano de una consejera que está en funciones, que por más señas es jueza. Como se suele decir, con nocturnidad y alevosía, en medio de una bronca general, de la Marea Verde levantada en defensa de la escuela pública en la calle tras el anuncio de esta subvención millonaria a los colegios privados. La concertación anunciada solo se apoya en el cumplimiento de una promesa electoral que nadie entiende. No es una ley.

Azcón ha elegido bien a la persona que nunca ha hecho declaraciones sobre la educación en Aragón, ni parece importarle un pimiento, pero como se irá en breve, antes tendrá que batallar con la legalidad o ilegalidad de esta medida con un presupuesto prorrogado y un ejecutivo en funciones. Ya que tiene enfrente a toda la comunidad educativa (Federaciones de Enseñanza, de padres de alumnos, sindicatos, y fuerzas políticas progresistas), pero Tomasa se pondrá en modo juez y hablará de lo que dicen las leyes, aunque en este asunto nada tengan que ver. Para eso la nombraron y fue una promesa que también pide Vox. Publicada en el BOE antes de que ambos partidos pacten gobernar, sin presupuestos para 2026 y pese a que se espera una batalla caliente en los juzgados y en las calles.

Yo la conocí en la gala de los Aragoneses del Año pasado, organizada por este periódico en el Auditorio. Al finalizar la gala me acerqué a saludarla. Tenía curiosidad por conocer nada menos que a la consejera de Cultura, Educación y Deporte, y como periodista me intrigaba que fuera tan desconocida, no había leído apenas declaraciones suyas en prensa. Le pregunté cómo se las arreglaba para resultar invisible teniendo una cartera tan llamativa. Sonrió como si le hubiera dicho un piropo y me contestó. «Es que soy jueza». Me quedé sorprendida. Seguimos hablando y me explicó que solamente estaba aquí para ganar puntos y volver a su puesto de jueza en Barcelona. No entrecomillo por si la memoria me falla. Pero recuerdo que al llegar a casa apunté su comentario en una libreta.

Eso sí, después de ese breve encuentro, y cuando se celebraba un acto relacionado con la cultura o con presencia del Gobierno de Aragón, siempre encontraba a Tomasa Hernández en la primera fila, estaba un ratito y se marchaba rápida antes de que terminara el evento. No es que eludiera a la prensa, es que nadie se acercaba porque nadie la conocía. Ha pasado un año.

Ahora sí. Ahora ha sacado la patita y defiende sin titubeos ni compasión alguna la concertación millonaria a la privada, con esa frialdad que destilan los jueces o magistrados cuando hablan, que parece que nunca se equivocan. Ella está ahí para defender el as que llevaban en la manga PP-Vox. Para quemarla en cuanto se forme gobierno; y siga su rumbo en otros lares, con los servicios prestados en Aragón, y los puntos conseguidos por pasar inadvertida y con buen sueldo.

El escándalo de la concertación se resume en pocas palabras: el coste de los estudios de bachillerato en un centro privado ronda de media los 400 euros. Con la medida que llegará el próximo curso en Aragón, las familias pagarán un máximo de entre 18 y 36 euros mensuales. A todo esto, hay que recordar que Aragón es una de las comunidades autónomas donde el profesorado de la pública cobra menos; y los centros de Primaria y Secundaria sufren importantes carencias. Además, se rechaza la medida porque en la escuela pública hay más de 2.000 vacantes sin cubrir en esta etapa no obligatoria.

Ante este panorama, Tomasa Hernández indicó que «es la medida más democrática que pueda haber, que los poderes públicos garanticen el derecho a la educación gratuita del alumnado, estudien en la pública, que es gratuita, o en la concertada». Pura demagogia. Añadiría que, de acuerdo, pero con su dinero. Lo que no dice es que es una medida ideológica de adoctrinamiento que pagamos todos con nuestros impuestos.

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