Pactos y ambigüedades

El PP está inmerso en un ciclo electoral en diversas autonomías que inició con un doble objetivo. Por un lado, encadenar victorias electorales ante el PSOE que remacharan la imagen de extrema fragilidad electoral del partido de Sánchez y pavimentaran un camino triunfal hacia las elecciones generales. Ruta que se ha ido cumpliendo, sin que el hiperactivismo del presidente del Gobierno en la escena internacional haya tenido un impacto apreciable en los resultados de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Por otra parte, aspiraba el partido de Feijóo a incrementar la autonomía de sus barones frente a Vox. Aunque este partido está topando con su techo electoral, las reelecciones de María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón ya han pasado por el retorno de Vox a los ejecutivos autonómicos y por la firma de pactos de investidura y legislatura que han incluido una ambigua cláusula exigida por el partido de Santiago Abascal, la «prioridad nacional», un concepto trasplantado del ideario lepenista.

La firma de estos acuerdos ha ido acompañada de un debate entre los dos partidos sobre el contenido de esta expresión, que ha llevado al PP a rechazar una moción al respecto en las Cortes Generales, al tiempo que firmaba acuerdos que incluían este concepto. Podría decirse que Feijóo ha aplicado un capítulo del manual de pactos con socios incómodos de Sánchez, el que lleva a comprometerse a asumir un principio genérico que en la práctica cada una de las partes interpreta de forma distinta. ¿En este caso, la prioridad de acceso a las ayudas se aplica a quien puede demostrar un arraigo local, o a quien puede mostrar un DNI en lugar de un NIE? Un ejercicio de ambigüedad como este debería llevar a la colisión en el momento de llevarlo a la práctica: aunque, como se ha demostrado en circunstancias paralelas, la prolongación de las contradicciones puede ser indefinida si ambas partes priorizan el mantenimiento del statu quo obtenido. O la gestión estable de los intereses de cada comunidad.

El concepto de prioridad nacional puede llevar a consecuencias abiertamente inaceptables: hacer depender las prestaciones sociales no de la necesidad, o de la aportación a través del trabajo y los impuestos al bien común, o del arraigo en la sociedad española, sino de la nacionalidad. O bien quedarse en una bandera de movilización tan retórica como ambivalente. Aunque incluso si fuera así, abre la puerta a normalizar discursos peligrosamente divisivos.

Una pregunta legítima es si los acuerdos cerrados ahora prefiguran el futuro escenario de pactos en Andalucía (con un Juan Manuel Moreno Bonilla que aspira al voto fronterizo con el PSOE y a no verse atrapado por el discurso de Vox) y aún más el que suceda en las próximas elecciones generales. Es demasiado temprano; es más, es razonable calcular que el impacto sobre esos comicios dependerá de qué suceda en el futuro con los pactos ahora cerrados. Su mantenimiento, y la capacidad de Vox de hacer efectiva o no su agenda radical (algo en lo que confía Sánchez como revulsivo pero que, en un ejercicio de responsabilidad, no le debería llevar al oportunismo de impedir, en casos como Andalucía, un posible Gobierno popular exento de la hipoteca de Vox). O bien, una vez, más la ruptura antes de volver de nuevo a las urnas, si el partido de Abascal vuelve a demostrar la incoherencia, demagogia estéril y torpeza en la gestión que ha exhibido cada vez que ha podido tocar fugazmente responsabilidades de gobierno.

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