El colapso de los servicios sociales no es culpa de las personas inmigrantes

Cuando se quiere deshumanizar a un colectivo, lo primero es crear el ambiente apropiado, haciéndoles culpables de los males de la sociedad. Así ha sido a lo largo de la historia, con consecuencias dramáticas, y así sigue siendo hoy.

Es el caso de las personas inmigrantes. La ultraderecha lleva años repitiendo que son culpables de la inseguridad, y que colapsan los servicios públicos. Cuando estos mensajes calan en la sociedad, cualquier medida represiva o política restrictiva hacia ellos se legitima. Lo estamos viendo ahora con el proceso de regularización, en el argumentario de quienes atemorizan con sus consecuencias en la seguridad ciudadana y en el colapso de los servicios.

Dentro de esta lógica perversa, han sido políticos responsables de los servicios sociales, tanto en el Gobierno –en funciones– de Aragón, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, quienes han liderado esta oposición.

La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento fue la primera en pronunciarse, con el argumento de que colapsaría los servicios sociales de la ciudad. Más recientemente ha sido la consejera de Bienestar Social del gobierno en funciones quien ha criticado el proceso con similares argumentos. No han sido los titulares de los departamentos de economía, industria, agricultura, turismo..., ni los empresarios: ¡han sido los servicios sociales! También la alcaldesa, Natalia Chueca, ha manifestado su rechazo con el único argumento de que colapsará los servicios sociales de la ciudad.

Sorprende ver su preocupación por el colapso de sus servicios sociales, que contrasta con lo poco que están haciendo para solucionarlo.

Hay que recordar a la alcaldesa y a su consejera de Políticas Sociales que desde hace años no se han ampliado las plantillas de los servicios sociales municipales; que sólo se cubren bajas de jubilación, y que ni siquiera se cubren todas las bajas de maternidad ¡Cómo no van a estar colapsados los servicios sociales! A eso se añade que a cada Ministerio o Consejería que se le ocurre incluir algún criterio de vulnerabilidad en sus procedimientos, encarga a los servicios sociales municipales informes con criterios en los que no se les ha tenido en cuenta. Lo mismo que ha ocurrido ahora con el proceso de regularización, en el que se ha previsto un certificado de vulnerabilidad que deben emitir los servicios sociales pero que nadie sabe cómo debe ser y, lo peor, nadie sabe para qué va a servir. Cuando una médico de una baja no tiene que detallar las patologías que la motivan. Una trabajadora social de un Ayuntamiento para acreditar que una persona está en situación de vulnerabilidad tiene que dar detalles de su familia, ingresos, vivienda... Todo eso es el motivo del colapso de los servicios sociales.

Cuando en los años 80 pusimos en marcha el sistema de Servicios Sociales para superar la herencia benéfica y asistencial que dejó la dictadura, lo hicimos sobre la base de la igualdad de todos los seres humanos y el respeto a su dignidad. No hubiéramos podido imaginar que ahora desde los Servicios Sociales se lidere la oposición a regularizar la situación de personas a las que se les niegan derechos básicos de ciudadanía, entre ellos residir y trabajar. Por si fuera poco, la alcaldesa de Zaragoza prohíbe a los servicios sociales atender a las personas inmigrantes que solicitan acreditar su situación vulnerable para cumplir el trámite de regularización.

¿Se atrevería la alcaldesa, o las consejeras a mirar a la cara a algunas de estas personas y decirles que les parece mal que se regularice su situación, porque van a colapsar los servicios sociales?

Personas que trabajan y contribuyen con sus cotizaciones e impuestos, no serán una carga para los servicios sociales. Pero quienes no pueden trabajar -salvo “en negro” y en condiciones precarias-, no tendrán otra alternativa que recurrir a los servicios sociales para recibir esas exiguas prestaciones económicas de urgencia, para pernoctar en un albergue o para comer en un comedor social.

He vivido como profesional varios procesos de regularización. He visto la emoción con la que esas personas vivían la oportunidad de «ser legales», de poder residir y trabajar, para dejar de depender de ayudas sociales para sobrevivir. Ahora me apena ver a lo que pueden llegar los servicios sociales. Si no existe una reacción enérgica por parte de sus profesionales y de las entidades y organizaciones del sector, evidenciará que ya no son esa referencia de dignidad, de integración e igualdad entre los seres humanos. Los servicios sociales serán simples oficinas de gestión de ayudas y servicios, nada más. Pero eso no es lo que habíamos soñado ¡Qué pena!

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