Un decreto condenado a decaer

El Congreso de los Diputados, mediante los votos en contra y abstenciones de PP, Vox, PNV y Junts, dejó el pasado martes sin efecto, un mes después de su aprobación en el Consejo de Ministros, el real decreto por el cual se establecía una prórroga de dos años a los contratos de alquiler que venciesen en 2026 y 2027 y se limitaba el aumento de las rentas a un 2% en este periodo. Una propuesta que tenía, de entrada, pocas posibilidades de prosperar desde que el socio minoritario, Sumar, la planteó como un todo o nada ante el que el ministro de Asuntos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, sostenía que no contemplaba ni «alternativa» ni «plan B».

Es una evidencia que, ya en la mayor parte de las ciudades de España, el esfuerzo para hacer frente a un alquiler ha llegado al límite de la capacidad de gasto de la mayoría de familias. También que la falta de oferta impulsa los precios al alza (y que las medidas que contraigan aún más esa oferta no harán más que agravar el problema).

El pasado mes de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó dentro de su batería de medidas ante la crisis de acceso a la vivienda una iniciativa sensiblemente distinta: bonificaciones del 100% en el IRPF a los caseros que no subieran el alquiler a sus inquilinos, cuando llegase en momento de renovar sus contratos. Pero desde el ala de Sumar del Gobierno se consideró que la incertidumbre económica ante la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán permitía justificar un planteamiento más imperativo. Incorporar las medidas que propuso Sumar estuvo a punto de hacer descarrilar el conjunto del escudo social y solo desglosarlas en un decreto separado, el que ayer decayó, permitió aprobar el primero mientras era un secreto a voces que el segundo, impulsado desde el ministerio de Consumo y visto con notable escepticismo desde el Ministerio de Vivienda y el partido socialista, se encaminaba a un callejón sin salida.

En el mercado inmobiliario se señalan como motivos que impulsan a retirar viviendas del mercado de alquiler residencial tradicional y derivarlas a la venta, el alquiler de habitaciones o el de habitaciones individuales, principalmente, diversos factores de inseguridad legal. Más que la posibilidad de limitar el precio, que ya se encuentra en niveles que aseguran la rentabilidad a los inversores. Pero el decreto aprobado (cuyos impulsores instaban a solicitar la prórroga durante el mes de vigencia asegurada aunque luego decayese) ha generado otro factor más de incertidumbre legal: la litigiosidad derivada de las dudas sobre qué prórrogas solicitadas durante el último mes son válidas, ante las dudas razonables de que lo sean las que afectaban a contratos cuya renovación tenía una fecha posterior a la derogación del decreto.

El Gobierno se plantea volver ahora al punto de salida: recuperar el planteamiento esbozado por Sánchez a principios de año. La senda del fomento por la vía de la fiscalidad sí entra en un posible terreno de encuentro con Junts, que ha expuesto estos días en estos términos sus discrepancias con el texto que ha rechazado. Si el acuerdo sobre nuevas bases con Junts y PNV no es posible no por el contenido de la propuesta que se ponga sobre la mesa sino por un agravamiento de las tensiones de las dos formaciones con el Gobierno que cierren vías de diálogo (y los últimos reproches entre los socialistas vascos y los nacionalistas vascos no pueden ser más inoportunos, si de abrir estos cauces se trata), no sería la regulación del aquiler, sino la legislatura, una vez más, la que se enfrenta a un callejón sin salida.

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