Educación entra en el debate de las extraescolares

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha tomado una decisión clave que puede servir para poner en orden un complejo debate surgido a raíz del fallecimiento de un alumno en un viaje de extraescolares que ha llevado a dos profesores a tener que sentarse en el banquillo y afrontar un juicio que puede marcar un antes y un después en la comunidad educativa. Nadie pone en cuestión el inmenso dolor de la familia que, ante la pérdida de un ser querido, ha decidido recurrir a la Justicia para exigir responsabilidades y, sin compensar ni reparar nunca ese sufrimiento, sea un juez quien dirima si existen algún tipo de negligencia que obligue a compensarles. Pero es precisamente que se ponga el foco en la labor de estos docentes, que realizan esa labor de vigilancia y supervisión sin remuneración alguna y que la prestan solo por el sencillo sentimiento altruista de favorecer unas actividades que consideran necesarias para la formación y desarrollo de sus alumnos, más allá del horario lectivo, lo que ha desencadenado una oleada de cancelaciones en los centros de la comunidad de estas actividades. Motivado, precisamente, por la indefensión que les provoca, aseguran, verse expuestos a una hipotética condena por el hecho de que la familia y el juez entiendan que ese trágico final, que seguro que lamentan y que les acompañará el resto de sus vidas, fuera provocado por una actuación negligente por su parte o porque no lo hicieran como quienes ahora les acusan entienden que debían haberlo hecho. La situación actual deja un debate abierto a opiniones de todo tipo ante el que la Administración no podía hacer oídos sordos o mirar para otro lado. Y ha sido la nueva consejera, Carmen Susín, la que ha decidido entrar de ello en esa discusión en la que todas las partes tienen poco que ganar y mucho que perder. La familia del fallecido, porque ni siquiera la condena les aliviará en el duelo. Los docentes acusados porque incluso en el caso de que se les exculpe, pocas ganas les quedarán para asumir otra actividad extraescolar con menores a su cargo. Los centros porque en el mejor de los casos esa programación se quedará como estaba antes de la tragedia, pero ya no será lo mismo. Y la DGA porque tanto si acaba en condena como si lo hace con absolución, se ha generado un clima de desconfianza insoportable de cara al futuro a corto plazo.

Lo que es seguro es que este conflicto interno no les debería nunca ser ajeno y hay que tomar cartas en el asunto para intentar regular unas actividades extraescolares que todos los expertos destacan por su valor en la formación del alumnado y como herramienta para atajar las desigualdades sociales que ya existen en la calle, trasladando una oferta desde el ámbito público que quizá muchas familias no se pueden permitir por su cuenta. Es una oferta necesaria, así lo entienden los profesores y las familias, y demasiado poco valorada a veces por parte de una Administración que ha basado en ese altruismo buena parte del éxito. Seguramente porque nadie se podía pensar que casos como el que se está dando en Aragón pudieran ocurrir algún día. La realidad ha puesto el debate en sus manos y ha abierto una vía de diálogo que, aunque sea sin marcarse plazos y objetivos, debería acabar en un consenso igual de necesario. Y todo el tiempo que pase mientras llega solo alimentará el miedo a la próxima actividad, una sensación que está detrás de las decenas de cancelaciones que ya se han producido en pocas semanas. El tiempo corre para todos, mientras la Justicia dirime esta compleja cuestión que la fatalidad ha puesto sobre la mesa. 

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