Huelgas que duelen y huelgas indoloras

Que la huelga es un derecho de los trabajadores para defender sus intereses, no necesita explicación. Así ha sido y así sigue siendo. Aunque a veces ese derecho no ha estado reconocido, y promover o participar en una huelga era un delito, como a algunos nos tocó vivir. Conviene no olvidarlo.

Por fortuna, el derecho a la huelga está hoy plenamente reconocido. Pero es evidente que no todos ni todas pueden ejercerlo con la misma eficacia.

Hay empresas o sectores en los que, por su actividad o características, una huelga tiene un gran impacto y constituye un potentísimo elemento de presión a empresas o gobiernos. A todos nos viene a la memoria el impacto que ha tenido una huelga de controladores aéreos o del transporte urbano, especialmente en determinadas fechas.

Lo estamos viviendo recientemente con la huelga de médicos. Son miles las personas afectadas, aunque no se suspenda ninguna actuación urgente o que conlleve grave riesgo. Pero cualquier retraso en una operación, en una prueba, en una cita, puede suponer un perjuicio muy grave para el paciente. Lo expresaba de manera rotunda uno de ellos: «en oncología un retraso no es una demora, es una condena». Sin llegar a ese extremo hay multitud de situaciones en las que anular y retrasar una intervención quirúrgica, una prueba o una cita médica puede suponer gran sufrimiento y angustia para el paciente.

Más aún cuando se añade un innecesario daño o molestias a las personas, como hacerlas ingresar para el preoperatorio y anunciar que no se realiza la intervención momentos antes de entrar en quirófano, tras haber pasado la noche en el hospital y haber recibido el correspondiente pinchazo de heparina o para colocar las vías. Parece que se quiera hacer daño al Ministerio o al gobierno de la Comunidad en las carnes de los pacientes.

No es mi intención valorar las razones de esas huelgas y el legítimo interés de quienes participan en ellas para reivindicar sus intereses. Sólo quiero destacar su extraordinario impacto en las personas, en la sociedad.

Porque no ocurre así para otros muchos trabajadores y trabajadores, cuyas reivindicaciones pueden tener tanto fundamento como el de los médicos, los transportistas o los controladores aéreos. Ellos y ellas también tienen derecho a la huelga, pero su impacto no será, ni remotamente, el mismo.

Escuché quejarse a una auxiliar de enfermería en el hospital en plena huelga de médicos, de que ellas también habían intentado ponerse en huelga, pero apenas tuvo ninguna repercusión en el servicio, ni tampoco en la opinión pública o en los gobiernos. No es que sus reivindicaciones sean menos importantes que las de los médicos; lo que es diferente es su capacidad de presión a través de una huelga. Y también su capacidad de resistencia...

Pienso también en quienes trabajan en los centros de protección y reforma de menores. También tienen reivindicaciones muy justificadas, pero ¿a quién perjudicaría una huelga suya? Son casi 600 personas en Aragón, repartidas en unos 60 centros, lo que dificulta su capacidad de organización y presión. Además, cuando convocan huelga los servicios mínimos alcanzan prácticamente al 100%. Cobran aproximadamente un 60% del salario de similares categorías profesionales en la Administración; realizan jornadas a veces maratonianas -como los médicos-. Y tienen riesgos muy elevados, se estima que uno de cada diez ha sido agredido físicamente en el desempeño de su actividad.

Pienso también en trabajadoras de la ayuda a domicilio, de los centros residenciales, o de los servicios de limpieza, en quienes trabajan en actividades agrícolas como temporeros... Sus motivos para exigir mejoras laborales son innegables, pero también sus dificultades para organizar y mantener una huelga y para que ésta tenga impacto en la sociedad y en la opinión pública.

Sin poner en cuestión, ni por un momento, el derecho a la huelga, ni cuestionar los motivos que llevan a un colectivo a promoverla o secundarla, me atrevería a pedir a los sectores cuyas huelgas más pueden afectar a la vida de las personas, que sean conscientes de ello y que traten de reducir esos daños. Hacer más daño a las personas no debería ser nunca una medida para presionar a empresas o gobiernos.

Y puestos a pedir, pediría solidaridad con esos colectivos que, teniendo motivos más que suficientes para ponerse en huelga, su impacto no es comparable con otros. Como auxiliares de enfermería, personal de la ayuda a domicilio o residencias, del servicio doméstico, de la limpieza, temporeros y temporeras del campo, trabajadores y trabajadoras de protección y reforma de menores...

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