La educación pública pasa a la acción en Aragón

La escuela pública en Aragón se la juega en dos jornadas en las que la huelga anunciada para los días 19 y 20 servirá de termómetro para medir el hartazgo existente en la comunidad. Son múltiples las reivindicaciones que acumulan en los últimos meses, desde su rechazo a la concertación en el Bachillerato a la precariedad laboral, el retraso en las infraestructuras, las ratios de alumnos excesivas o el sufrimiento en el medio rural. Son dos jornadas de protestas que vienen precedidas de otras anteriores, concentraciones y manifestaciones en las calles, que apuntan en la misma dirección. Unas críticas en las que el profesorado y los equipos directivos de la pública no están solos, ya que cada vez son más las familias que se ponen detrás de las pancartas. Las próximas 48 horas marcarán la temperatura de un escenario que obliga al departamento de Educación a mover ficha a la hora de escuchar las protestas de los profesionales y de las familias, pero también de las voces que se van sumando, en lo que puede ser la vuelta de la Marea Verde después de muchos años de silencio.

La causa más visible de este regreso a los paros en las aulas es una concertación en el Bachillerato que el PP de Jorge Azcón impulsó antes de oficializar la coalición con Vox para formar el nuevo Gobierno de Aragón, con el principal argumento de que esta era una promesa electoral que van a cumplir aunque en la pública siga habiendo plazas sin cubrir. El propio presidente de la comunidad recordó, en una entrevista concedida a este diario que son las urnas las que piden eso al concederle la victoria electoral el pasado 8 de febrero. Y su posición no ha cambiado con el nuevo Ejecutivo, ni al cambiar a la titular de una cartera que ahora aglutina también las competencias en Universidad, a las puertas de más campus privados a la comunidad. Carmen Susín coge el relevo de Tomasa Hernández con este objetivo de la concertación intacto, aunque el ruido en la calle aumente con el paso de las semanas.

¿Qué pesará más después de estas dos jornadas de huelga y hasta dónde están dispuestos a llegar quienes piden un giro de 180 grados en este objetivo? El malestar en la escuela pública, sin embargo, pivota en otros argumentos como la insuficiente apuesta desde la DGA por las inversiones necesarias que hagan de la educación pública un servicio esencial más fuerte, mejor tratado y más universal. El objetivo del rechazo a la concertación es frenar lo que consideran una brecha de desigualdad entre quienes se pueden permitir el pago y quienes no, que surgió para atender la incapacidad de la Administración para dar respuesta a un aumento de las necesidades, sobre todo de plazas, y que ahora se ampara en una libertad de elección de centro que, en caso de ser así, no llegará a todos los hogares por igual.

Pero las familias piden también más infraestructuras, más cocinas propias y más refuerzos de personal para unas necesidades que hoy son más complejas en un alumnado que, yendo a menos por la baja natalidad, nunca ha visto cubiertos todos sus requerimientos. Dinero público para la educación pública es el eslogan que utilizan los convocantes de la huelga y que se ha visibilizado en los últimos días con pancartas o con billetes arrojados en el hemiciclo de las Cortes de Aragón. Las dimensiones del malestar se medirán desde mañana en la calle y en la huelga puesta en marcha por una comunidad educativa que tratar de defender, no solo sus recursos, sino también su futuro a largo plazo.

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