¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Imaginen, por un momento, que al dichoso barco cargado de cruceristas afectados por el hantavirus se le hubiese impedido fondear en Canarias y hubiera tenido que hacerlo, como reclamaban algunos políticos y comentaristas, en Cabo Verde. Imaginen también que, una vez allí, con un sistema sanitario mucho más limitado y mayores dificultades para atender adecuadamente a los pasajeros, algún ciudadano español se hubiera contagiado gravemente o incluso fallecido. ¿Cuál habría sido entonces la reacción de los dos principales partidos de la oposición? ¿Habrían elogiado la firmeza del Gobierno o habrían denunciado su abandono, su irresponsabilidad y su falta de humanidad?

La pregunta no es retórica. Sirve para ilustrar una forma de hacer política en la que se critica una decisión y también su contraria, no en función de su contenido, sino de quién la adopta.

Esta misma semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha quejado de la inseguridad y del «abandono» del Gobierno durante su reciente viaje a México, pese a que posteriormente se conoció que su propio equipo había rechazado la protección ofrecida.

Más: durante su viaje a China del pasado mes de abril, el PP y la propia presidenta de Madrid afirmaron que aquello era prueba de la afinidad del presidente Sánchez con una dictadura y de la «subordinación a Pekín». Por supuesto, ninguna referencia a la visita realizada en 2017 por Mariano Rajoy, «oportunidad económica» se dijo entonces, y mucho menos al impacto que va a tener el reciente anuncio de que la industria automovilística china, la más importante del mundo, ha elegido España como su gran fábrica de coches en Europa.

Y qué decir de dos de los temas favoritos de la derecha y la ultraderecha, la inmigración y la negación de la violencia contra las mujeres: Vox ha defiende sustituir la legislación de violencia de género por leyes de «violencia intrafamiliar» y dirigentes del partido han llegado a afirmar que la violencia de género «no existe». Sin embargo, cuando el debate gira hacia la inmigración, el mismo partido invoca la seguridad de las mujeres como argumento político central.

El PP de 2001 defendía, durante el proceso de regularización impulsado por el Gobierno de José María Aznar, que aquella medida permitía «ordenar una realidad existente, sacar de la irregularidad a personas con arraigo, facilitar su integración laboral y social, combatir mejor a las mafias y garantizar derechos, obligaciones y control administrativo». En las mismas circunstancias, y con cifras similares, Alberto Núñez Feijóo sostiene ahora que la regularización es «inhumana, injusta, insegura e insostenible».

Los ejemplos podrían multiplicarse: la relación con los partidos nacionalistas, la justicia, la vivienda, la sanidad, la libertad de expresión o el uso de las instituciones. En todos esos ámbitos, especialmente en el caso del PP, que ha gobernado España durante buena parte de las últimas décadas, se reprocha al Gobierno central decisiones que el propio partido puso en marcha cuando tuvo responsabilidades equivalentes.

No se puede negar que, hasta ahora, la estrategia ha sido eficaz. El PP gobierna en once de las diecisiete comunidades autónomas y encabeza la mayoría de las encuestas de cara a las próximas elecciones generales. Vox, por su parte, se ha consolidado como tercera fuerza política y mantiene una base electoral significativa. Pero la pregunta relevante no es solo si esta estrategia funciona, sino a qué precio.

Porque el precio empieza a ser visible. La política española se ha instalado en una crispación permanente que ha desembocado en una atmósfera irrespirable entre los ciudadanos. José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, relataba recientemente la agresión sufrida tras encararse con unos individuos que lo habían insultado gravemente por su condición de «rojo». No es un episodio aislado. Hemos normalizado que dirigentes políticos insulten de forma constante a sus adversarios y que en actos masivos se coreen expresiones como «Pedro Sánchez, hijo de puta» sin que nadie se escandalice.

Es un error. Un gravísimo error. Porque antes o después volverá a haber un dirigente del PP al frente del Gobierno de España, y entonces quizá una parte de la ciudadanía exprese su descontento con las mismas descalificaciones, la misma agresividad y la misma falta de límites que hoy algunos alientan. En ese momento, quienes ahora ríen las gracias de los que insultan, amenazan o persiguen a quienes piensan distinto, se llevarán las manos a la cabeza preguntándose, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Suscríbete para seguir leyendo