Cambio de rumbo

España vive en una fatiga moral que ya no distingue siglas ni colores. El último revés, la imputación del expresidente Zapatero no genera una erosión de golpe, sino por acumulación. Un caso tras otro, una nueva investigación abierta. Mientras los tribunales determinan responsabilidades y se preserva la presunción de inocencia, la sensación ciudadana es cada vez más difícil de ignorar, no hay país que pueda soportar indefinidamente este nivel de corrupción y deterioro institucional. No se trata de un partido concreto, no nos engañemos, ni siquiera de una generación política determinada, llevamos ya unas cuántas. Las sospechas y condenas han alcanzado al PSOE, al PP, a la antigua CiU y a otras formaciones. Cambian los protagonistas pero el patrón se repite con una inquietante regularidad. La utilización de la influencia política para obtener ventajas privadas, la opacidad en la toma de decisiones y la confusión entre interés general e intereses particulares se han convertido en una constante. El problema no es solo penal, esa es la cumbre de una cuestión política y moral.

Cada nuevo escándalo amplía la distancia entre las instituciones y la ciudadanía. Cada revelación alimenta la convicción de que existen circuitos de poder que operan fuera del escrutinio democrático. Y cada silencio o justificación partidista debilita un poco más la credibilidad del sistema.

España arrastra desde hace años la asignatura pendiente de regular de manera efectiva la actividad de los grupos de presión. En cualquier democracia madura debe saberse quién influye sobre los responsables públicos, con qué objetivos y en beneficio de quién. Sin reglas claras y sin registros obligatorios, las fronteras entre la representación legítima de intereses y el tráfico de influencias se vuelven peligrosamente difusas.

También la transparencia sigue siendo más una promesa que una realidad consolidada. Con demasiada frecuencia, los ciudadanos conocen decisiones relevantes cuando las consecuencias ya son irreversibles. La rendición de cuentas llega tarde, y casi siempre empujada por investigaciones judiciales o filtraciones, o por intereses partidistas del adversario.

La justicia debe actuar con independencia y sin presiones, pero la política no debe limitarse a esperar sentencias. La regeneración democrática exige medidas inmediatas como reforzar los controles, regular los lobbies, endurecer los conflictos de interés y asumir responsabilidades políticas antes de que lo dicten los tribunales. España necesita un cambio de rumbo porque cuando la corrupción o su sospecha se normaliza, lo que está en juego es la resistencia misma del país.

Suscríbete para seguir leyendo