La batalla por la concertada en Aragón

La educación es y será el principal puntal sobre el que se sustenta la prosperidad y la riqueza de una sociedad. Se trata de la materia prima más valiosa y la que sirve de palanca para mejorar el mundo a todos los niveles. Sin embargo, no está claro que, hoy por hoy, figure entre las prioridades de los gobiernos, más si cabe en un momento en el que el ruido no deja escuchar a quien habla. Luchar por una educación universal, de calidad y adaptada a las exigencias de un siglo XXI que viaja a velocidad de crucero exige sacrificio, compromiso, recursos y una estrategia de país que España no tiene. Y eso no sucede porque son malos tiempos para tejer consensos. Ni siquiera las comunidades autónomas son capaces de articular medidas que vayan en esa dirección, como se ha podido comprobar en Cataluña, la Comunidad Valenciana o Aragón, donde las movilizaciones han sido muy numerosas.

Zaragoza ha vivido esta semana una de las manifestaciones más importantes que se recuerdan en los últimos años. Fue convocada por la educación pública y tuvo un fuerte seguimiento dentro y fuera de las aulas, lo que, de entrada, demuestra el elevado malestar que existe y que se ha agudizado tras el anuncio del Ejecutivo PP-Vox de implantar el bachillerato concertado a partir del próximo curso. La medida figuraba en el programa electoral de los populares, y Azcón se ha comprometido a aplicarla en base a un compromiso. Nada que objetar. Ójala todos los gobiernos cumplieran las propuestas que realizan a sus potenciales votantes cuando se concurre a una convocatoria electoral. No obstante, no en pocas ocasiones los mandatarios han tenido que dar marcha atrás, aplazar o modular una medida tras comprobar el rechazo social que provoca. Eso, en cualquier caso, es decisión y responsabilidad de quien gobierna, aunque los votos sean un gran aval.

Pero las decisiones se han de tomar en base a un diagnóstico, lo que exige abrir el foco y analizar, con la cabeza fría, la situación de la educación en Aragón, cuál es la salud del sistema y los objetivos prioritarios que se persiguen. En el caso de la comunidad, el diagnóstico no es positivo, ya que son muchos los colegios públicos que afrontan serios problemas en sus instalaciones e infraestructuras y sufren la dolencia crónica de la falta de personal. A ello se añade que las retribuciones de los docentes se encuentran en la franja media baja desde una perspectiva nacional. Estas carencias no son imputables únicamente al actual Ejecutivo de Azcón, ni al anterior. Ni siquiera al Gobierno de Lambán, al de Rudi o al de Iglesias. Pero sí a todos en su conjunto. La educación es y debe ser una prioridad para cualquier gobierno y quizás no lo ha sido. También para el central, que ha de inyectar la suficiente financiación a las comunidades para dotar a los colegios y centros públicos del territorio. Y eso no ha ocurrido desde hace tiempo, de ahí esos déficits, que han acabado por encender la mecha de las protestas.

La concertada solo concentra el 20% de los alumnos extranjeros en Aragón, lo que abre un desequilibrio manifiesto desde la perspectiva social

Este escenario ha sido el detonante de las movilizaciones en Aragón, pero detrás de este malestar está sobre todo la concertación del bachillerato en un momento en el que hay alrededor de 2.000 vacantes en los centros públicos. La pregunta es: ¿cuál es el modelo por el que apuesta el Ejecutivo PP-Vox? Desde luego no es una respuesta a blanco o negro, pues la educación concertada siempre ha sido un complemento necesario en España y son muchas las escalas de grises, según cada comunidad. Sin embargo, en el actual escenario y con la inmigración en el foco de todos los debates (más si cabe con la llegada de Vox al gobierno y su discurso contra la migración), la realidad es que los colegios públicos concentran el 80% de los alumnos extranjeros en Aragón frente a solo el 20% de la concertada, lo que está provocando una importante brecha y un desequilibrio manifiesto. Dotar de nuevos recursos a la concertada es positivo, pero para ello hay que exigir los mismos compromisos, entre los que figura la integración de esta población, así como el acceso a la educación en condiciones de igualdad y sin que existan trabas o actividades complementarias, con coste adicional, que imposibiliten la entrada en la escuela concertada a las familias con menos recursos.

Lo deseable, por tanto, es cuidar aquello que ha sido un éxito y mejorar lo que ha costado tanto tiempo y tantos recursos públicos construir. La educación pública y la concertada son complementarias y deben contar con financiación y fondos suficientes. Pero si los centros públicos sufren agravios, las movilizaciones no cesarán. Y eso es un elefante en la habitación que quizá todavía no ha visto el actual Gobierno de Aragón.