La educación estalla en la calle

La calle vuelve a hablar de educación. Y cuando habla de forma tan sostenida y contundente conviene escucharla antes de reducirla a una simple batalla ideológica. Las protestas que se están viendo en Aragón, y también en otras comunidades, reflejan un malestar profundo que no puede despacharse diciendo que todo responde a una movilización política contra el Gobierno de Azcón.

El detonante ha sido el concierto del Bachillerato, una medida que el Ejecutivo aragonés defiende recordando que existe en otras comunidades gobernadas por partidos diferentes. Y es cierto. Navarra, con un gobierno socialista, o Euskadi, con una coalición entre PNV y PSOE, mantienen modelos similares sin una contestación comparable. También es verdad que en la mayoría de comunidades donde el Bachillerato concertado tiene más peso gobierna el PP, aunque en Galicia y Castilla y León su implantación es limitada.

Puede que no ocurra nada grave por concertar el Bachillerato. Además, el PP llevaba esta medida en su programa electoral y tiene legitimidad para aplicarla. Pero la política no funciona como un catálogo donde el ciudadano valida una a una todas las propuestas de un partido. Se vota un proyecto global y eso no significa que cada decisión concreta cuente con respaldo automático.

Y ahí aparece el núcleo del conflicto. El problema no es solo el Bachillerato concertado sino la sensación, muy extendida entre docentes y familias, de que la enseñanza pública se encuentra bajo mínimos. Se denuncian aulas masificadas, falta de personal, sustituciones lentas y deterioro de infraestructuras. En ese contexto, destinar más recursos a la concertada se interpreta como una provocación.

El debate tiene una dimensión territorial evidente. La presión de matrícula afecta sobre todo a Zaragoza. Por eso cuesta entender que una medida presentada como necesaria para garantizar plazas se impulse con tanta determinación cuando buena parte de la comunidad educativa percibe otras urgencias más inmediatas.

Sería un error convertir a todos los manifestantes en militantes de izquierda. Entre quienes protestan hay profesores y familias de sensibilidades muy distintas. La amplitud de las protestas demuestra justamente eso: que el malestar va más allá de una etiqueta política.

El Gobierno de Aragón haría bien en no enquistar el conflicto. La rapidez con la que se desactivó la huelga sanitaria regional demostró que, si existe voluntad política y negociación, las tensiones se reconducen.

Porque la cuestión de fondo sigue siendo la misma: la educación necesita más dinero. Y ahí aparece una contradicción incómoda. Reforzar seriamente los servicios públicos resulta difícil cuando, al mismo tiempo, se apuesta por una reducción continuada de impuestos. Esa ecuación no siempre sale.

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