La prisa y la verdad

Con la nueva entrada de la UCO en las dependencias del PSOE, se han vuelto a activar reflejos que parecían archivados en la memoria de los años noventa. La aceleración vertiginosa de titulares, las interpretaciones maximalistas antes de conocer el contenido judicial exacto, las declaraciones políticas instantáneas y esa sensación de fin de ciclo que en España siempre encuentra comentaristas dispuestos a certificarla antes de tiempo.

Lo más revelador quizá no ha sido la actuación judicial en sí, sino la velocidad con la que parte sistema mediático y político ha rellenado, cuando no anticipado, los huecos de información. Algunos medios daban prácticamente por acreditada una investigación por financiación irregular cuando los datos disponibles eran todavía parciales y la propia naturaleza de las diligencias exigía cautela. Otros, en cambio, optaron por ajustarse a los hechos conocidos, diferenciando entre indicios, sospechas, hipótesis y delitos acreditados. Esa diferencia es la frontera que separa el periodismo del activismo y a la información de la agitación.

La escena recuerda inevitablemente a la España de 1993. También entonces coexistían desgaste institucional, tensión judicial, filtraciones interesadas y un clima político dominado por la sospecha permanente. No deja de resultar paradójico escuchar hoy a algunos protagonistas de aquella época reaparecer como referencias morales absolutas. José María Aznar recuperando ecos del «el que pueda hacer, que haga», o Felipe González reclamando elecciones anticipadas, cuando su propio final de ciclo entre 1993 y 1996 estuvo marcado por una larga agonía política y judicial que erosionó profundamente la confianza pública. La memoria histórica debería servir para aportar perspectiva, no para practicar amnesias selectivas.

Pero el problema de fondo no es solo político. Vivimos en una aceleración informativa incompatible muchas veces con los tiempos de la justicia. Una investigación judicial requiere meses o años, una red social exige conclusiones en minutos. Ese desfase genera un terreno abonado para la especulación y el ruido. Y además produce el efecto corrosivo de que sí todo se presenta como escándalo definitivo, la ciudadanía termina perdiendo la capacidad de distinguir entre hechos graves o exageraciones interesadas.

Por eso el rigor informativo se ha convertido en una cuestión democrática de primer orden. Informar con prudencia no significa proteger al poder, significa proteger la credibilidad de las instituciones y el derecho de los ciudadanos a comprender qué está ocurriendo realmente. Algo tan sencillo como respetar los hechos antes de fabricar conclusiones.