La ‘fontanera’ y un presidente sin presupuestos

El hundimiento del sanchismo ya no es crónica política, sino que acapara las principales páginas de sucesos. Aquel viaje a ninguna parte que arrancó con la genuflexión a la Ley de Amnistía ha terminado por convertir al Gobierno en un lúgubre escenario de novela negra. El Consejo de Ministros ya no puede difuminar, a través de los bulos a los que nos tiene acostumbrados su portavoz, ese lodazal cuya estrella es Leyre Díez.

La «fontanera» Díez orquestó una red para torpedear las causas que asedian a la Moncloa. Según los informes de la UCO, su misión abarcaba desde buscar trapos sucios de investigadores de la Guardia Civil hasta, presuntamente, intentar sobornar a fiscales. El esperpento es tal que Emiliano García-Page (PSOE) ha sentenciado esta semana que «también hay corruptos tontos y torpes». Y no le falta razón: dejar rastro manuscrito en libretas de reuniones clandestinas en Ferraz denota una escasa brillantez delictiva.

De nuevo aparece en escena Santos Cerdán, esta vez como director de la trama que pagaba a Leyre Díez con fondos del partido, certificando así, que la podredumbre anidaba en la cúpula para proteger al presidente, y también, a ellos mismos. Lamentablemente, para ellos, la justicia avanza implacable. El bochornoso caso de las mascarillas está a la espera de una sentencia inminente: el exministro José Luis Ábalos y su inefable lazarillo Koldo García aguardan un veredicto que promete ser justo y ejemplar.

Al asfixiante horizonte judicial, en el que el PSOE se asoma a una posible imputación como persona jurídica y varios de sus cuadros se enfrentan a consecuencias imprevisibles, se añade un inventario de debilidades sistémicas: un expresidente, Zapatero, investigado y un exministro a las puertas de una sentencia. El país languidece en una parálisis institucional absoluta, maniatado por las hipotecas de unos socios nacionalistas que cobran cada vez más caro su apoyo. La capitulación es ya oficial: Sánchez ha arrojado la toalla con los Presupuestos de 2026, admitiendo su incapacidad manifiesta para gobernar, mientras fía su suerte a unas cuentas de 2027 que carecen de apoyo parlamentario. Ante este escenario de un «Gobierno zombi» que habita de espaldas a la actividad legislativa, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué Pedro Sánchez se niega a devolver la palabra al pueblo y convocar elecciones?

La razón de este inmovilismo no responde a una estrategia de Estado, sino a un pragmatismo descarnado: el poder se ha convertido en el único salvavidas de un Presidente cercado por los escándalos.

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